El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha ratificado este jueves 23 que no se puede excluir a ningún tipo de empresa de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, en una clara alusión a las cooperativas, porque, de lo contrario, sería «una modificación ilegal» que acabaría en la Justicia europea.

Así ha respondido Planas a la petición de Cooperativas Agroalimentarias de España de que excluya a sus empresas de ciertas obligaciones impuestas por la Ley de la Cadena Alimentaria, derivada de la transposición de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales.

En la asamblea anual de Cooperativas, el ministro ha destacado que en la ley redactaron un apartado específico a petición de las cooperativas, lo que hubo que explicar a la Comisión Europea, que «tenía muchas dudas del encaje legal de la posición particular de las cooperativas respecto al conjunto del sector».

«La directiva no excluye a ningún tipo de empresa en relación con la aplicación de la ley y, si alguien pretendiese hacerlo, sería una modificación ilegal, contraria al Derecho comunitario, y acabaríamos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE)», ha sostenido Planas.

«ME PARECE DIFÍCIL DECIRLE A UN AGRICULTOR O UN GANADERO, AUNQUE SEA SOCIO, QUE LO QUE VA A PERCIBIR NO VA A SER SUPERIOR AL PRECIO QUE LE HA COSTADO PRODUCIR O QUE NO SE APLICAN LAS REGLAS DE LA LEY DE CADENA A SU ENTREGA»

El titular de Agricultura ha recordado que las cooperativas están exentas en determinadas condiciones de llevar a cabo contratos individuales con los socios y de informar de ciertos procedimientos como los momentos de pago y el calendario de liquidación (siempre que dispongan de un acuerdo vinculante).

«Me parece difícil que se pueda, desde el punto de vista de la gestión, decirle a un agricultor o un ganadero, aunque sea socio, que lo que va a percibir no va a ser superior al precio que le ha costado producir o que no se aplican las reglas de la ley de cadena a su entrega», ha agregado Planas.

Ha afirmado que, según los datos macroeconómicos que manejan, los precios pagados en origen y al final de la cadena muestran transacciones con «creación de valor y balance positivo», si bien esta norma funciona «mejor en algunos sectores y situaciones que en otros» casos.

«No se trata de dar un paso atrás, sino de mejorar su aplicación», ha resaltado Planas, quien ha insistido en que tienen previsto llevar a cabo las 43 medidas para solucionar los problemas del campo, suscritas con las organizaciones UPA y Unión de Uniones.

Sobre la proposición de ley propuesta por ERC y aceptada esta semana por el Congreso de los Diputados, el ministro ha afirmado que «es un trámite más y lo que cuenta es lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE)».

Para impulsar el asociacionismo en el sector, el Gobierno ha reconocido en los últimos años nuevas entidades asociativas prioritarias y ejecutado más fondos, como 230 millones de euros destinados a 240 proyectos, a lo que seguirán tres nuevas convocatorias de ayudas entre 2025 y 2027 dentro del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC).

Planas ha asegurado que siguen trabajando en la reciprocidad de las normas en el comercio agroalimentario y otras cuestiones de interés para los agricultores.

Además, ha detallado que este jueves ha enviado a los consejeros autonómicos una carta volviendo a pedirles que limiten las inspecciones a lo necesario desde el punto de vista administrativo.