EFE.- En su informe, estos peritos aceptan que el siniestro pudo ser causado por el vertido de amoniaco al río, pero consideran excesiva las indemnizaciones que el Ministerio Público pide para el Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que superan los 500.000 euros.
Los peritos de la defensa valoran el daño medioambiental en algo más de 42.000 euros, los peces muertos en 2.364 y en 15.000 euros los gastos de personal.
El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ha acogido hoy la declaración de los peritos de las distintas partes, que han comenzado por el técnico de la actual Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza que ha señalado que el amoniaco vertido al río Besaya desde la empresa Froxá produjo la "muerte por asfixia" de miles de peces en un tramo de 2.200 metros.
Este perito ha explicado que el amoniaco es "tremendamente tóxico" aunque por su volatilidad desaparezca del agua en cuestión de horas. Y ha subrayado que la estimación del número de peces muertos (40.000) que aparece en el informe de la Consejería es "conservadora" porque "no se recogieron todos, ya que no están los que haya podido arrastrar la corriente".
En cuanto a la valoración de los peces muertos, el perito ha apuntado que se ha estimado un precio de 24 euros por cada una de las truchas recogidas (150) "por tener una talla superior a 30 centímetros", ya que, a su juicio, no había ninguna de menos tamaño.
En este sentido, tras reconocer que no se midió cada una de ellas, ha señalado que se realizó una "estimación" basada en el peso medio, que era de 800 gramos, porque "hay una relación directa entre peso y talla, que indica que en este caso era de entre 30 y 40 centímetros".
Sin embargo, para los peritos de la defensa este método de medición no es el adecuado porque "la buena praxis indica que el tallaje debe hacerse por individuos".
El perito del Gobierno también ha explicado que se planteó un plazo "mínimo" de tres años para recuperar el tramo afectado por el vertido y ha apuntado que entre 2008 y 2010 se llevaron a cabo "sueltas de trucha" de más de 1.600 ejemplares, de la misma especie de trucha "salvaje" que se encuentra en los ríos de Cantabria.
Además de valorar las truchas muertas utilizando los precios marcados por Mercamadrid por ser "lonja de referencia", según el informe de los peritos de la defensa la repoblación del río podía haberse efectuado con truchas de piscifactoría.
También han detectado algunas incoherencias en el informe de la Consejería en cuanto a los gastos de personal, porque, pese a aceptar la valoración de las horas, consideran que "no había partes de trabajo" y que incluso, en el caso de un operario, figura que trabajó un tiempo "por encima de la duración del dispositivo".
Por otra parte, estos peritos también han mostrado su discrepancia con la valoración de los daños ocasionados por el vertido en la fauna invertebrada existente en el tramo afectado por el vertido, ya que según explicó el perito de la acusación se efectuó atendiendo a la superficie afectada, no por piezas.