La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) califica de «contraproducente» la decisión de la Generalitat de prohibir con carácter general y sin matices las quemas agrícolas hasta el 16 de octubre. Según destaca el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, «dejar los restos de poda secándose durante seis meses es un polvorín y esta medida, tal como está redactada, puede resultar peor que la enfermedad al generar más incendios en el medio rural de los que se quieren prevenir».
El aspecto de la resolución que más malestar y confusión ocasiona en las filas del sector agrario es que la prohibición de quemas no diferencia entre los campos que están a menos de 500 metros de masa forestal de los otros, donde lógicamente no existe el mismo riesgo de incendio. Tampoco introduce medidas preventivas o correctoras (como la obligación de contar con el permiso del ayuntamiento, disponer de un tanque de agua, etc.) que permita quemas particulares con la máxima seguridad posible.
El sector agrario se encuentra en estos momentos del año en plena época de poda de los cultivos leñosos, así como de arranque de árboles para transformación de las explotaciones. Estas labores, que tienen que hacerse ahora en consonancia con el ciclo natural de las plantaciones, van a dejar en el suelo multitud de restos vegetales que representan un reservorio de plagas y enfermedades y una cantidad excesiva de biomasa con potencial riesgo de incendio.
Por ello, AVA-ASAJA solicita al gobierno valenciano que contemple la posibilidad legal de autorizar quemas agrícolas con condiciones de seguridad y en aquellos momentos puntuales en los que la situación climática cambie y exista menos riesgo. En todo caso, la asociación pide un plan serio para subvencionar trituradoras a nivel particular o colectivo. Una gran parte del sector agrario valenciano ya tritura los restos de poda, pero hay agricultores que sólo pueden recurrir a la quema, sobre todo en aquellas parcelas con difícil acceso de la maquinaria, ya sea por el marco de plantación como por la orografía.
PIDEN DOTAR A LOS AYUNTAMIENTOS DE MÁS COMPETENCIAS PARA GESTIONAR LAS QUEMAS
Por su parte, también La Unió Llauradora insiste en que que prohibir de forma generalizada las quemas agrícolas no es la solución en estos momentos y no se puede legislar a golpe de titular. “No se puede aplicar la misma normativa para todos, pues no es lo mismo una determinada zona que otra y no se pueden prohibir las quemas agrícolas cuando los avisos meteorológicos adversos de calor y temperaturas elevadas sean bajos o moderados”, señala Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.
En este sentido, considera que se debería establecer un sistema para que en función de lo que dice el Nivel de preemergencia de la Generalitat se pudiera
quemar allá donde el riesgo de incendio sea de nivel bajo/medio, puesto que incluso se puede consultar a nivel de cada municipio. Por ello la organización agraria aboga por dotar a los Ayuntamientos de más competencias para gestionar las quemas y delimitar las zonas en sus términos municipales.
LA UNIÓ señala que de forma mayoritaria ya no se queman los restos vegetales, principalmente la poda, porque es más costosa que la trituración. Aun así, es necesario quemar porque estamos en pleno periodo del trabajo de poda y gestión de los restos agrícolas, y hay zonas donde no hay posibilidad de trituración de los restos de poda al tener un difícil acceso para las trituradoras o un marco de plantación que no lo permite. La quema es imprescindible también en parcelas en reconversión con arranque y posterior nueva plantación y en determinados casos es necesaria por motivos fitosanitarios.
Esta decisión de la Generalitat de prohibir las quemas agrícolas hasta mediados de octubre viene tras el último incendio en Tàrbena que se originó en campos abandonados y que ha arrasado con más de 500 hectáreas.