Un Juzgado ha acordado el sobreseimiento y archivo de la querella de La Comunidad de Labradores contra Luis Cortés por las declaraciones del Secretario General de la Unión Extremadura en la defensa del precio del vino en el año 2022.
En agosto de 2022, La Unión realizó unas declaraciones denunciando la práctica de algunos industriales del sector del vino ya que estaban firmando contratos con agricultores a un precio muy por debajo de los costes de producción.
Desde Asevex (asociación de empresas vinícolas de Extremadura) como entidad que representa a las bodegas realizaron unas declaraciones en la que se indicaba que la denuncia presentada por La Unión no era cierta y que todos sus socios estaban contratando a un precio por encima de los costes de producción. «Hasta aquí no hay nada raro, ya que cada asociación defiende los intereses de sus asociados», aclara la organización agraria.
Sin embargo, recuerda que «lo extraño es que en esas fechas la Comunidad de Labradores de Almendralejo realizó unas declaraciones en el mismo sentido que Asevex, circunstancia que fue denunciada por La Unión ya que entendíamos muy rara la similitud de los planteamientos de una asociación de industriales con la que dicen defender a los agricultores».
El 16 de octubre de 2023, tras diversas actuaciones por parte de los abogados de la Comunidad, esta interpone una querella contra Luis Cortés, en su condición de Secretario General de La Unión para que retire las declaraciones realizadas ya que según el escrito de la Comunidad, las declaraciones eran constitutivas de un delito de injurias.
La querella se presentó en el Juzgado de primera instancia nº 1 de Trujillo y tras diversas actuaciones la Jueza de dicho Tribunal ha emitido un Auto de fecha 14 de marzo de 2024 por la que se acuerda el sobreseimiento y archivo de la causa.
Como se aprecia en el Auto, la jueza no aprecia causa o indicio alguno racional y fundado de la concurrencia de tipo penal objeto de la querella, «ya que las declaraciones se realizaron con ánimo de defender a los agricultores al tener conocimiento de que se habían firmado contratos por debajo de los costes de producción».
Ante decisión judicial, desde La Unión aseguran que «utilizamos los fondos que disponemos para defender los intereses de los agricultores y no derrochamos en querellarnos contra otras asociaciones. Por eso, nos parece bochornoso que en vez de utilizar los fondos para que la industria cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y pague a los productores un precio que al menos cubra los costes de producción, utilicemos los fondos para contratar abogados para querellarse contra otra asociación de agricultores y ganaderos».