El sector productor e industrial del huevo cree que si la Unión Europea no levanta «un poco el pie del acelerador» con sus normativas, el campo «va a gripar».

En una entrevista con Efeagro, el director de la interprofesional del huevo y sus productos (Inprovo), Enrique Díaz, hace un repaso a la actualidad de su sector y del resto del primario en un momento marcado por las protestas de miles de agricultores en la Unión Europea, pidiendo más flexibilidad en las políticas agrícolas europeas o acuerdos comerciales más justos.

Para Díaz, la UE, a través de pactos como el «Green Deal» o la Estrategia de la Granja a la mesa, desarrolla unas normativas «muy exigentes en materia de producción» de alimentos que lleva aparejado un «encarecimiento» de los costes y que además se diseñan «sin contar con los sectores».

Es algo que «lógicamente» al campo le preocupa porque genera «distorsiones importantes» y hay que acometer «grandes inversiones» que «sólo» pueden afrontarlas «muy pocas empresas» por lo que se «va polarizando hacia el lado de las grandes compañías».

GRANDES INVERSIONES DESDE 2012

En el caso del sector productor e industrial del huevo, recuerda que tuvieron que invertir mucho en 2012 para adaptarse a la nueva normativa comunitaria de bienestar animal que obligó a mejoras en las jaulas, las que se denominaron «jaulas enriquecidas».

Aquello supuso el desembolso de 600 millones de euros para las granjas y ahora estiman que seguir adaptándose a todas las normativas de bienestar animal les supone un sobrecoste de 350 millones de euros anuales, lo cual es «una burrada».

Todo, dentro de un proceso que continúa hacia la eliminación de la producción en jaula alentado por una distribución alimentaria que ha reducido «sustancialmente» la compra de huevos de gallinas enjauladas.

De hecho, según Díaz, en 2023, y a falta de cerrar los datos oficiales, se espera que haya habido una reducción «importante» en el uso de jaulas de tal forma que el 60% de ponedoras estaría bajo el sistema de jaulas, lo que supone ocho puntos porcentuales menos que en 2022.

Es un proceso que comenzó en 2017 (cuando el 98 % de la producción era en jaula) y eliminarlas todas costará unos «1.500 millones de euros» de los que ya se han ejecutado unos 500.

POCAS AYUDAS PÚBLICAS

Son unos gastos para los que no suelen contar con ayudas públicas, excepto en el caso de la Junta de Castilla-La Mancha que sí ha aportado; aunque Díaz espera poder acogerse a futuras líneas comunitarias para la adaptación a la nueva normativa de bienestar animal.

Y es que, según el director de Inprovo, producir en la Unión Europea es «un 150-160 % más caro» que hacerlo fuera del territorio comunitario por lo que defiende las cláusulas espejo como solución para que «no llegue producto de fuera sin cumplir todas las exigencias europeas».

Por todo ello, cree que las tractoradas de estas semanas están justificadas: «Hay muchas razones para ello», concluye.

2023, UN BUEN AÑO AL SUBIR UN 8% EL VOLUMEN Y UN 19% EL VALOR

A pesar de todo, Díaz reconoce que 2023 fue un año «bastante bueno» para las granjas y la industria del huevo en España por el buen comportamiento del mercado (consumo interno) y porque, contra todo pronóstico, la incidencia de la gripe aviar fue mínima: «Hubo silencio epidémico».

De hecho, el consumo en los hogares creció cerca de un 8% anual en volumen y más de un 19% en valor.

Ese encarecimiento del huevo se debió, según analiza, a que el efecto de la inflación «sigue estando ahí» y por la menor producción ya de huevos en jaula, que son los más baratos.

No obstante, esa alta demanda interna ha llevado a que caigan las exportaciones. Así, no duda a la hora de decir que «el mercado exterior está muy mal» pero se debe a «tanda demanda a nivel nacional».

Las ventas al exterior han descendido principalmente a países terceros, salvo la excepción de Reino Unido donde ahora venden un «86 % más» de producto.

REAL DECRETO DE COMERCIALIZACIÓN

Por otro lado, el sector sigue pendiente de la nueva legislación comunitaria sobre comercialización de huevos, recientemente aprobada.

El proyecto estuvo en consulta pública hasta el 12 de febrero para que los ciudadanos y las organizaciones representativas del sector pudiesen aportar alegaciones, observaciones, sugerencias u opiniones antes de seguir su tramitación nacional mediante real decreto.

Díaz señala que recoge pequeños cambios respecto a la norma europea anterior, si bien, están en conversaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para adaptarlo «lo mejor posible al funcionamiento del sector».

En todo caso, la UE ha dejado a los Estados miembro libertad en cuanto a diversos aspectos normativos y será ese real decreto el que tendrá que detallar algunos aspectos que a Inprovo preocupan, como es el de marcado del huevo en granja.

El Gobierno apuesta por marcar los huevos en la nave donde están las ponedoras, en lugar de en el centro de embalaje, pero supone «complicaciones, encarecimiento» y además el marcado se haría en un ambiente «más sucio».

No obstante, el director de Inprovo es optimista y cree que llegarán a una solución «aplicable para todos» porque «tiene que entrar en vigor en noviembre próximo».