La Comisión Europea (CE) decidió este registrar dos iniciativas ciudadanas europeas para la «prohibición de las prácticas de conversión en la Unión Europea» y «en defensa de la agricultura y la economía rural en Europa», aunque sus promotores deberán conseguir un millón de firmas para que se pueda debatir.
La «Iniciativa ciudadana europea en defensa de la agricultura y la economía rural en Europa» reclama la protección de la agricultura y la economía rural europeas mediante una normativa basada en varios elementos.
En concreto, el uso prioritario de las tierras agrícolas para la producción de alimentos, la garantía de la soberanía alimentaria y la resolución de los problemas de la cadena alimentaria y los elevados precios, indicó la Comisión.
Los organizadores, entre los que se encuentra SOS Rural en España, también reclaman que se establezca un plan hidrológico europeo para garantizar el suministro y la distribución de agua en toda la UE, y una Agencia Europea de Agricultura y Economía Rural para velar por su protección en los procesos comunitarios de toma de decisiones.
La decisión de registro de una iniciativa se basa en un análisis jurídico de su admisibilidad en virtud del reglamento sobre las iniciativas ciudadanas europeas.
TRAS EL REGISTRO, LOS ORGANIZADORES DISPONEN DE SEIS MESES PARA PROCEDER A LA RECOGIDA DE UN MILLÓN DE FIRMAS PARA DEBATIRLA
No prejuzga la recogida de firmas por parte de los organizadores ni las posibles conclusiones jurídicas y políticas de la Comisión sobre estas iniciativas y las medidas que adoptaría en caso de que alguna de estas iniciativas obtenga el apoyo necesario de un millón de firmas de ciudadanos europeos, según la CE.
Ha precisado que, puesto que ambas iniciativas ciudadanas europeas cumplen las condiciones formales establecidas en la legislación pertinente, considera que son jurídicamente admisibles. No obstante, la Comisión no ha analizado en esta fase el fondo de las iniciativas.
Tras el registro, los organizadores disponen de seis meses para proceder a la recogida de firmas.
Si una iniciativa ciudadana europea consigue en un año un millón de firmas de apoyos procedentes de al menos siete Estados miembros, la Comisión deberá decidir si da curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá motivar su decisión.