El acuerdo político provisional de los ministros de Medio Ambiente de la UE y representantes del Parlamento Europeo sobre el Reglamento de la Ley de Restauración de la Naturaleza, alcanzado el pasado 9 de noviembre, adolece a juicio de Unión de Uniones de «falta de realismo» y resulta «restrictivo» de cara a las prácticas culturales de los agricultores, ganaderos y selvicultores españoles.

La propuesta reglamentaria busca establecer medidas para restaurar al menos el 20% de las superficies terrestres y marinas de la UE de aquí a 2030, y todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050. Además, exige a los Estados miembros que adopten medidas, de aquí a 2030, para restaurar al menos el 30% de los tipos de hábitats enumerados en ambos anexos que se encuentren en malas condiciones.

En este sentido, Unión de Uniones destaca que ampliar las zonas terrestres protegidas implicará que los agricultores y ganaderos de estas asuman nuevas restricciones al ejercicio de su actividad que ponen en peligro su viabilidad, ya que por las características donde se ubican presentan ya desventajas para mantener la actividad agraria, como es el caso por ejemplo de zonas de alta montaña, zonas de la Red Natura o zonas salobres como el Delta del Ebro o la Albufera, entre otras.

El Reglamento de la Ley Restauración de la Naturaleza establece en lo referido a los ecosistemas agrícolas objetivos diversos como el de aumentar el índice de aves de las tierras agrícolas comunes a nivel nacional, medidas destinadas a lograr tendencias crecientes en al menos dos de los tres indicadores siguientes: el índice de mariposas de pastizales; la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas de alta diversidad (HDLF); el stock de carbono orgánico en el suelo mineral de las tierras de cultivo, entre otros objetivos. Por último, los Estados miembros deben priorizar las zonas Natura 2000, no las tierras de cultivo.

Unión de Uniones ya trasladó al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), cuando solicitó observaciones al respecto del Reglamento, que la PAC cuenta ya con objetivos propios en estos aspectos, por lo que establecer otros nuevos con respecto a las mismas áreas, «es una gran incoherencia por parte de los legisladores europeos que se trasladarán en nuevas exigencias a los agricultores, como un mayor nivel de elementos del paisaje en sus explotaciones».

«EMPIEZAN LA CASA POR EL TEJADO, PRIMERO APRUEBAN LAS RESTRICCIONES Y LUEGO YA SE VERÁ SI HAY FINANCIACIÓN PARA COMPENSAR LAS PÉRDIDAS”

Para Unión de Uniones, «los colegisladores siguen mostrando un perfil ciclotímico: unas veces actúan como medioambientalistas llevando al límite el discurso y las exigencias y restricciones de modo extemporáneo, y otras como defensores de los consumidores exigiendo alimentos de calidad y a buen precio en los lineales de los supermercados que limiten las tensiones inflacionistas».

Los planes nacionales de restauración que se contemplan tras el Reglamento deben permitir para Unión de Uniones, con este marco normativo, que los Estados miembros adapten los ritmos de aplicación para poder cumplir los objetivos, porque de lo contrario «los sistemas agroalimentarios seguirán tensionándose en un contexto internacional que acecha la seguridad alimentaria».

Unión de Uniones considera también sorprendente que el acuerdo provisional se limite a introducir una nueva disposición por la que se encomienda a la Comisión Europea la presentación de un informe con una visión general de los recursos financieros disponibles a escala de la UE y una evaluación de las necesidades de financiación para la ejecución, además de un análisis en el que se determinen los posibles déficits de financiación. «Empiezan la casa por el tejado, primero aprueban las restricciones y luego ya se verá si hay financiación para compensar la pérdida de ingresos y los mayores costes en las explotaciones», asegura Unión de Uniones.

El acuerdo provisional deberá ser ahora refrendado y adoptado formalmente por los colegisladores antes de entrar en vigor. Se presentará ahora a los representantes de los Estados miembros en el Consejo (COREPER) y a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo para su aprobación. De ser aprobado, el texto deberá ser adoptado formalmente por ambas instituciones, tras una revisión jurídico-lingüística, antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor.

«Si esto sale adelante, cuando a los agricultores y ganaderos les pidan nuevas exigencias, recordaremos que habrá que agradecérselo al negociador principal en el trílogo y ponente de la propuesta de Ley de Restauración de la Naturaleza en el Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista César Luena, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, bajo cuya Presidencia se aprobó este acuerdo», señala Unión de Uniones.