José Antonio Turrado / Secretario general de ASAJA-Castilla y León

En los próximos años, uno de los debates más importantes en materia de política agraria dentro de nuestro país va a ser el que tenga que ver con la viabilidad de nuestro sistema de seguros agrarios.

El debate en el sistema del seguro agrario no se ha cerrado nunca desde que se pusiera en marcha a principios de los años ochenta del pasado siglo, pues las compañías siempre han querido ganar más dinero, el Estado financiar con los menores recursos posibles, las comunidades autónomas ponerse de perfil como si esto no fuera con ellas, y los agricultores y ganaderos, además de tener mayores coberturas con menores primas, no dejarse engañar por los peritos o poder engañarlos a ellos.

Además, a lo largo de los años se han ido incorporando nuevos cultivos o producciones ganaderas, se incorporó en su día el seguro de recogida de cadáver para responder a un problema sanitario como fue la enfermedad de las ‘vacas locas’, e incluso se han ideado líneas que no han tenido aceptación alguna y que con el tiempo se han desechado.

En medio de este permanente debate, afrontamos la actual campaña del seguro agrario para la cosecha 2023-2024 con un incremento importante de los costes, con la supresión de algunas garantías y con precios más bajos a la hora de calcular las indemnizaciones.

Cuando decimos mayores costes nos referimos a incrementos medios del 39% en el conjunto del país, que se queda en el 35% en el caso de Castilla y León, pero que, en algunas provincias, para determinadas comarcas y cultivos, el incremento del coste es de hasta el 90%.

Los motivos aludidos por Agroseguro, bajo la tutela de Enesa (Ministerio de Agricultura), no son otros que un elevado incremento de las indemnizaciones, y por lo tanto la necesidad de subir las primas para alcanzar el equilibrio en la compañía.

Siendo este un hachazo importante, no será previsiblemente el único, y no será suficiente para estabilizar el sistema. Porque lo verdaderamente relevante es que en los últimos años ha sido necesario tirar de las reservas del Consorcio de Compensación de Seguros para hacer frente a los compromisos de pago, y esas reservas ya están bajo mínimos y se agotarán en un par de ejercicios.

Si desaparece el colchón del Consorcio de Compensación y hay que pagar más primas para volver a llenar la hucha, si son necesarias nuevas subidas para la gestión ordinaria de la compañía, y si el Estado y las comunidades autónomas no ponen más dinero porque no quieren o porque no se lo permiten los reglamentos europeos, sencillamente tenemos un serio problema. Un problema que no tiene parangón en el resto de Europa porque nuestro sistema de seguros agrarios está más y mejor desarrollado, y porque en España, debido a las características de nuestros suelos y a nuestra climatología, los riesgos de malas cosechas son infinitamente más elevados.

El Estado tiene que buscar un equilibrio en el seguro agrario, tiene que hacer el máximo esfuerzo económico y obligar también a ello a las comunidades autónomas, hay que mejorar las coberturas, hay que transformarlo en un seguro universal obligatorio para todos los profesionales, y hay que amarrar a las compañías para que no tengan la tentación de irse si llegan tiempos más complicados.