La Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública del Parlamento Europeo (COMENVI) aprobó el pasado martes 24 de octubre el proyecto de informe del Reglamento sobre el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios (SUR) elaborado por la eurodiputada austriaca de Los Verdes, Sarah Wiener.  Una propuesta, «de todo punto inaceptable, que debe ser rechazada por sus gravísimas consecuencias para la agricultura europea», según denuncia ASAJA.

Con 47 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, el texto votado en la Comisión de Medio Ambiente va aún más lejos que la propuesta inicial de la Comisión Europea, «que ya estaba completamente alejada de las realidades agrícolas sobre el terreno. Por consiguiente, la propuesta de la COMENVI pasará a la sesión plenaria de noviembre con objetivos irrealistas, disposiciones inviables -como las relativas a las zonas sensibles- y sin soluciones concretas».

Así pues, la propuesta votada el martes, «que no está respaldada por ningún estudio de impacto a nivel europeo, tendría consecuencias sin precedentes para el conjunto de la agricultura europea y, en especial española, si también se llegase a aprobar en el Pleno del Parlamento Europeo de noviembre».

Por este motivo, instan a los dos eurodiputados españoles socialistas, el señor César Luena y el señor Javi López, que rectifiquen su voto, «opuesto a los intereses los agricultores», en favor del informe ya aprobado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo (COMAGRI).

Asimismo, desde ASAJA piden que la señora eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos (Ciudadanos, España) no eluda sus responsabilidades y esta vez cumpla con su deber y participe en la votación.

¿QUÉ SE HA APROBADO? 

La Comisión de Medio Ambiente (COMENVI) pretende reducir el uso de productos químicos en la agricultura en la Unión Europea en base a nuevos objetivos:  reducir al menos a la mitad el uso de pesticidas en toda la UE, tomando como referencia el promedio de los años 2015 a 2017; a nivel de cada país de la UE, se fijan objetivos de reducción obligatorios que dependen de cuánto se haya utilizado de estos productos en el período 2013-2017 en comparación con el promedio de la UE:

• Si un país usó menos del 35% del promedio de la UE, deberá reducir un 15%.
• Si el uso estuvo entre el 35% y el 70% de la media de la UE, la reducción requerida es del 35%.
• Si el uso estuvo entre el 70% y el 140% de la media de la UE, la reducción será del 50%.
• Si un país usó más del 140% del promedio de la UE, deberá reducir un 65%.

En relación a los pesticidas considerados más peligrosos, los objetivos de reducción a nivel nacional son del 25%, 50%, 65% y 80%, dependiendo de los mismos umbrales. La Unión Europea también establece un objetivo obligatorio del 65%, considerando el promedio entre 2013 y 2017.

Los estudios realizados sobre la propuesta de la Comisión Europea apuntan ya a recortes importantes de la producción, lo que afectaría gravemente a nuestra autonomía estratégica. En el contexto agrícola, económico y geopolítico actual, esta decisión de la Comisión de Medio Ambiente revela una cierta frivolidad.

Desde ASAJA esperan que «las ambiciones reglamentarias se equilibren en este texto con un apoyo tan ambicioso y se acompañen de medidas concretas y compensatorias. Como no se ha evaluado nada adecuadamente, la propuesta votada por la Comisión de Medio Ambiente se queda corta también en este aspecto».

Por otro lado, se mantiene un planteamiento que no tiene en cuenta lo que ya se ha conseguido en el pasado en cuanto a la aplicación de prácticas de gestión integrada de plagas, e incluso descuida la idea de buscar soluciones técnicas o alternativas.

Esta propuesta inviable pasará ahora al Pleno, «donde es probable que los debates se vuelvan a instrumentalizar políticamente y se polaricen hasta el extremo». Todavía hay compromisos aceptables en el texto de la Comisión para los agricultores, y por eso ASAJA pide a todos los eurodiputados «que sean pragmáticos por encima de todo y se centren en soluciones concretas, para que esta propuesta sea rechazada de plano, ya que es demasiado poco práctica sobre el terreno y podría tener graves consecuencias para la seguridad alimentaria, incluida la asequibilidad de los alimentos en la UE».

IMPORTACIÓN DE PAÍSES NO COMUNITARIOS

También, la COMENVI ha acordado que antes de diciembre de 2025, la Comisión debe examinar las diferencias en el uso de plaguicidas en los productos agrícolas y agroalimentarios importados en relación con los productos de la UE y, si es necesario, proponer medidas para garantizar que las importaciones cumplen normas equivalentes a las de la UE. Además, se prohibiría la exportación de plaguicidas no autorizados en la UE.

Desde el punto de vista del procedimiento, el texto aprobado durante la COMENVI el martes 24 se transmitirá y someterá a la votación del Pleno del Parlamento Europeo, que tendrá lugar durante el periodo de sesiones de Estrasburgo, del 20 al 23 de noviembre de 2023.