EFE.- Esta es la primera planificación de una demarcación hidrográfica de competencia estatal aprobada hasta la fecha a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
En una nota de prensa, el ministerio destaca que "se avanza así en el proceso de planificación hidrológica en las cuencas hidrográficas, la coordinación de todos los intereses territoriales y el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (UE) y de la Ley de Aguas que la traspone en España".
Con éste nuevo documento, son diez los planes de cuenca impulsados por el actual gobierno, cinco aprobados por Real Decreto, (Miño-Sil, Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas), y otros cinco en fase de tramitación tras el informe favorable del Consejo Nacional del Agua (Duero, Guadalquivir, Guadiana, Cantábrico Occidental y Cantábrico Oriental).
"El objetivo del Gobierno es aprobar los planes de cuenca de las demarcaciones competencia del Estado (intercomunitarias) este año e impulsar que en el mismo plazo se apruebe el mayor número de planes de las cuencas intracomunitarias, de competencia autonómica", recalca en comunicado, en el que se recuerda que las proyecciones hidrológicas debían haberse completado en 2009, fecha límite fijada por la normativa Unión Europea, a riesgo de sanción.
La red hidrográfica Miño-Sil aprobada hoy contempla 278 masas de aguas superficiales, de las que 196 se encuentran en buen estado, 78 no alcanzan el buen estado y cuatro no han podido ser evaluadas.
Define seis masas de aguas subterráneas (una no alcanza el buen estado) y prevé hasta 1.564 actuaciones, con un importe aproximado de 988 millones, para "mejorarlas".
Además establece un nuevo régimen de caudales ecológicos para todas las masas de agua superficiales, que deberá de ser respetado en las concesiones que se otorguen para diferentes usos.
El plan hidrológico de la parte del Miño-Sil fue informado favorablemente por el Consejo Nacional del Agua el pasado mes de junio, tras su aprobación por el Consejo del Agua de la propia demarcación, cumplir el proceso de participación pública y la aprobación de los ministerios afectados.