El colectivo Unión por la Ganadería ha tomado la decisión de suspender temporalmente las medidas de presión ante las administraciones que tenía programadas a partir del día 12 de junio, que incluía paralizar los saneamientos y ferias de ganado, como rechazo a la orden publicada por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, en la que limita los movimientos de bovinos de la comunidad de Castilla y León, y tras todos los incidentes ocurridos el pasado lunes ante las instalaciones de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

Para esta asociación, el hecho de que la Junta de Castilla y León haya manifestado su intención de seguir avanzando en la búsqueda de soluciones para la grave situación en la que se encuentran los ganaderos de vacuno, especialmente en la provincia de Salamanca, y dadas las circunstancias en las que se encuentra el Gobierno central, con unas elecciones generales convocadas para el día 23 de julio, aconsejan aplazar las acciones programadas para los próximos días, paralización de los saneamientos y ferias de ganado.

En su defecto, y con el objetivo de mantener patente su enfado con la situación que están padeciendo, se programarán en las próximas semanas degustaciones de carne y otros actos, con la intención de poner en valor este gran producto del que dependen tantas familias y al que tanto daño se le ha hecho en los últimos días con las informaciones que se han dado.

EL PSOE LLEVA ANTE BRUSELAS EL CONFLICTO

De forma paralela, las eurodiputadas socialistas Iratxe García, Clara Aguilera e Ibán García del Blanco han preguntado a la Comisión Europea si puede confirmar la alarma y el riesgo para la salud pública y animal que ha provocado la crisis ganadera en Castilla y León, a raíz de la flexibilización de los controles de tuberculosis bovina por parte de la Junta.

En la misiva dirigida a la Comisión, los eurodiputados castellanoleoneses Iratxe García e Ibán García del Blanco, y Clara Aguilera, coordinadora socialista de Agricultura en la Eurocámara, han recordado que en la Resolución de 10 de mayo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León establece “una nueva metodología de las actuaciones a realizar en el marco del Programa Nacional de Tuberculosis Bovina en Castilla y León, no permitida en la legislación de la Unión Europea, ni española)”, han advertido.