Ambas actuaciones de la Generalitat deberían realizarse en estrecha colaboración con la Delegación del Gobierno –responsable de las fuerzas de seguridad del Estado- y con los Ayuntamientos. Estas propuestas fueron trasladadas ya en su día tanto a la Generalitat como a la Delegación del Gobierno "ya que no existe voluntad de apostar por una policía autonómica que cumpla con ese cometido en las zonas rurales, tal y como existe por ejemplo en Cataluña con los Mossos d’ Esquadra o la Ertzaintza en el País Vasco", señala la organiaciñon agraria en una nota.
En su opinión, todas estas actuaciones facilitarían la incentivación de la cultura de la denuncia al disponer de una policía de mayor proximidad y tener datos más exhaustivos y fidedignos de la naturaleza de los robos en las zonas rurales. "Se insta a los agricultores y ganaderos a interponer denuncias pero en muchos casos deben recorrer muchos kilómetros para presentarlas, con el considerable gasto y pérdida de tiempo que nadie les paga y, lo que es peor, sin garantías de una respuesta efectiva a la denuncia".
LA UNIÓ cree que, además de aumentar los recursos humanos y económicos para que las fuerzas de seguridad del Estado puedan hacer bien su trabajo en las zonas rurales o cambiar el actual Código Penal, habría que coordinar bien los esfuerzos municipales con la ayuda de la Generalitat para actuar contra los robos que se dan en las zonas rurales.
LA UNIÓ señala que si bien históricamente los robos en las zonas rurales han sido habituales, "en los últimos años, además de aumentar, han sufrido un cambio cualitativo. Si antes tenían lugar casi exclusivamente sobre producciones agrarias, actualmente van dirigidos también hacia otro tipo de elementos como maquinaria, pozos de riego, utensilios, animales, etcétera.; lo que nos lleva a considerar que en muchos de los casos se trata de mafias organizadas. Al valor de lo robado se le debe sumar los destrozos que se causan".
El pasado año el valor de lo robado en el campo valenciano pasó de los 20 millones de euros y este año se detecta un aumento de los mismos respecto a las mismas fechas del anterior que podría cifrarse en un 25% más.
Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, señala que “los robos en el campo no se deben sólo a esa desprotección innata del medio rural, sino al hecho de que se le ha dado hasta ahora una menor importancia y se ha hecho menos caso desde los poderes públicos que tienen que velar por la seguridad de todos los ciudadanos, ya estén en las zonas urbanas como en las rurales”.