Tras varias campañas denunciando el injusto trato que reciben los agricultores/as con respecto a la fresa destinada a industria, UPA Huelva reclama que se cumpla lo estipulado en la Ley de la Cadena Alimentaria y que se firmen contratos que aseguren unas condiciones dignas y un incremento de, al menos, el 50% de los precios que se pagan actualmente.
Año tras año es habitual que, desde enero a junio, los productores de fresas de Huelva destinen aquella fresa de menor tamaño y con alguna deformación al uso industrial. Esto supone, aproximadamente, 80 millones de kilos de fresa destinada a industria, lo cual es una cantidad considerable de producto.
Desde hace varias campañas UPA Huelva viene denunciando públicamente como el sector industrial se aprovecha de la necesidad de salida de este producto que tienen los agricultores/as, imponiendo la relación comercial sin el establecimiento de un contrato que asegure al productor/a las condiciones de venta (precio, cantidad y período de entrega).
La organización denuncia que esto ocurre campaña tras campaña y que sigue siendo así pese a la vigencia de la Ley de Cadena Alimentaria. Actualmente, los precios que se deberían de pagar por la fresa de industria para cubrir los costes de producción deberían de incrementarse en un 50%.
DENUNCIAN QUE NO SE FIRMAN CONTRATOS CON LOS AGRICULTORES/AS NI CON SUS COOPERATIVAS Y LA RELACIÓN COMERCIAL DISTA MUCHO DE SER TRANSPARENTE
UPA Huelva denuncia que la Ley en vigor obliga a que los contratos alimentarios se formalicen por escrito, estén firmados por las partes, con una redacción transparente, clara, concreta y sencilla y dicha formalización se realice antes del inicio de las prestaciones que tengan su origen en los mismos. Además, desde el 31 de enero de 2023, se ha puesto en marcha el Registro de Contratos Alimentario, donde este tipo de contratos deberán quedar inscritos de forma obligatoria a partir del próximo 30 de junio.
La organización denuncia que la forma de operar de la industria es justamente la contraria, es decir: no se firman contratos con los agricultores/as ni con sus cooperativas y la relación comercial dista mucho de ser transparente. Actualmente la normalidad pasa porque la industria paga a precios bajos el Kg en los primeros meses de campaña y sube el precio al final, a modo de acicate para convencer al agricultor de que no abandone la producción. Esto siempre y cuando la industria no haya agotado el cupo de producto que necesita. El resultado final es que el precio medio que se paga no cubre los costes de producción.
UPA Huelva quiere destacar que en una situación en la que los productores/as a final de campaña van a tener que priorizar el consumo de agua frente a otras decisiones para reservar caudal para el inicio de la que viene, puede darse una situación en la que falte fresa para industria debido a que, para el agricultor/a, no compensa el gasto económico y de recursos frente al precio que se le paga.
UPA Huelva entiende que no se debería haber llegado a esta situación porque la propia Ley de Cadena Alimentaria obliga a que ya se debería estar funcionando con contratos que determinen un precio que cubra los costes de producción. Como ejemplo a seguir, la organización informa que en el caso del tomate destinado a industria en Extremadura si se han seguido las obligaciones de la Ley y se han suscrito contratos más beneficiosos para los agricultores/as. Por otra parte, el sector de la industria en los cítricos de la provincia de Huelva también se ha sumado a cumplir la Ley y esto ha supuesto un 110% de incremento en lo percibido por los agricultores/as.
UPA Huelva insta a la industria a que de forma inmediata se comprometa con el sector a cumplir la Ley de Cadena Alimentaria y suscribir estos contratos, teniendo en cuenta (tal y como menciona la Ley) que el precio deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción y que deberá incluir todos los costes asumidos para desarrollar su actividad.
Asimismo, la organización sigue realizando un llamamiento a la AICA y a la Junta de Andalucía a que hagan su trabajo e inspeccionen cualquier incumplimiento de la Ley y sancionen en consecuencia para trasladar un mensaje al sector de que el logro de la Ley de Cadena Alimentaria hace valer sus derechos y no queda en papel mojado, como en el caso de la fresa destinada a industria.