Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante el inicio de las declaraciones de la PAC, advierte que falta la publicación de los reales decretos de modificaciones y que, por tanto, está incompleto.
Unión de Uniones, como ya han hecho en otras ocasiones sus organizaciones territoriales, critica que, pese a que se comienza a aplicarse el paquete normativo de la nueva PAC 2023 – 2027, aún quedan normativas en el tintero y las que hay que no van al encuentro de los intereses de los agricultores.
Así, la organización señala que los procedimientos de aplicación de la Reforma adolecen de fundamentos que permitan sostener la rentabilidad de las explotaciones profesionales. En este sentido, pone de relieve una deficiente definición de agricultor activo, unos condicionantes medioambientales obligatorios o voluntarios que obvian el dumping de los productos extracomunitarios y una reducción, en definitiva, de los apoyos al sector en un contexto postpandémico, lastrado por un conflicto en el continente y con una espiral de incremento de costes de producción, inflación y deficiente funcionamiento de la cadena de valor.
En cuanto a los a retrasos en la publicación de reales decretos de modificaciones, Unión de Uniones explica que representan una clara dificultad a la hora de establecer la aplicación de medidas esenciales en el cómputo de ayudas, los eco-regímenes, que vienen a representar el 23% del cómputo total de las ayudas directas y que aún hoy presentan incertidumbres y dudas de distinta índole que a buen seguro complicarán los procedimientos de cumplimentación de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS) que conforma el núcleo de las Solicitudes Únicas de la nueva PAC.
DISCRIMINACIÓN A QUIENES SUFREN LA BRECHA DIGITAL
No obstante, a juicio de la organización, la mayor incongruencia en la puesta en marcha de estos procedimientos administrativos reside en las contradicciones entre la Ley y los Reales Decretos a la hora de afrontar la brecha digital en el sector. No solo se vulnera la Ley marco de la PAC sino también la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A este respecto, Unión de Uniones impulsó una enmienda en la Ley de gestión de la PAC para asegurar que los administrados personas físicas con dificultades para acceder a la tramitación electrónica tuvieran garantizados por las autoridades competentes sus derechos de transmisión de información y comunicación por medios no electrónicos en sus relaciones con la Administración. Sin embargo, los Reales Decretos ignoran esta garantía y suponen una seria discriminación para los afectados por la brecha digital territorial o generacional.
«Este empecinamiento por parte de los servicios jurídicos de la administración concernida en no atender a lo ya asumido en el texto de la Ley, pero no en los RD de desarrollo, desvela una desidia que Unión de Uniones no está dispuesta a consentir, ni a nivel Estatal ni a nivel de las CCAA, por lo que ya se está trabajando en el oportuno recurso contencioso que atienda a las necesidades del sector agrario», anuncian desde la organización.