El pleno del ayuntamiento de Lorca ha aprobado este lunes de forma definitiva la nueva normativa que regulará la construcción de las granjas de porcino y cuyo debate inicial, hace 13 meses, motivó el asalto violento de un grupo de ganaderos al edificio en el que se iba a celebrar la sesión para impedir su votación.
En el pleno se ha dado luz verde, con los votos a favor de PSOE, Cs, IU y Vox, y la abstención del PP, a la modificación del plan urbano para impedir la construcción de nuevas granjas intensivas de cerdos o la ampliación de la ya existentes a menos de 1.500 metros de distancia de los núcleos habitados de las pedanías, de los colegios y de los consultorios médicos, a 500 de fuentes y manantiales y a cien de cauces oficiales y ramblas.
La nueva norma entrará en vigor en unos días tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región e incluye un régimen transitorio de dos años, prorrogable a un tercero, para seis granjas que están a la espera de algún tipo de tramitación ambiental de administraciones superiores al ayuntamiento.
El alcalde de Lorca, Diego José Mateos,, ha asegurado que el nuevo marco normativo “con el acuerdo del sector” ganadero permitirá la “armonización y la convivencia” entre los usos residenciales y ganaderos del suelo.
Ha dicho Mateos que se trata de “un acuerdo muy importante, en el que se ha trabajado mucho y que empezó con muchísimas dificultades” y ha remarcado que “no se han cumplido las peores expectativas las visiones apocalípticas” de quienes lo criticaron, en alusión al PP y Vox, ya que “no se ha cerrado ninguna de las granjas de porcino en este año de tramitación”.
El regidor ha recordado que en origen el sector ganadero “no quería ningún tipo de regulación y que los vecinos querían que se prohibieran todo tipo de ampliaciones de las granjas” y desde ese punto de desacuerdo se ha negociado “y ha habido cesiones y rebajado sus pretensiones” para llegar a acuerdos.
El texto aprobado ese lunes es casi idéntico al que se aprobó inicialmente hace un año, que salió adelante con los votos del equipo de Gobierno, del PSOE y Cs, y el apoyo de IU, mientras que entonces el PP y Vox votaron en contra.
En la causa judicial abierta por el asalto al pleno, cuya instrucción se acaba de prorrogar por seis meses más, hay 18 investigados por distintos delitos como desórdenes públicos, resistencia, desobediencia y atentado a la autoridad.