La Junta de Castilla y León ha publicado la normativa de regulación del servicio de asesoramiento a explotaciones agrarias en el marco del  Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, con una dotación financiera prevista que supera los 9,5 millones de euros.

Ello permitirá la asistencia a unos 7.000 agricultores y ganaderos en cada una de las campañas.

Según un comunicado, se trata de la primera intervención desarrollada sobre la base de la nueva PAC, que acaba de entrar en vigor 4 de enero de 2023.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) esta normativa de asesoramiento a explotaciones agrarias en el marco del Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027.

SE TRATA DE LA PRIMERA NORMATIVA DE REGULACIÓN FORMALIZADA PARA LA GESTIÓN DE LA PAC

Uno de los objetivos transversales de cara a la reforma de la PAC, a partir de este año, es reforzar la base del conocimiento, por lo que la formación, la transferencia de conocimiento y la utilización de los servicios de asesoramiento resultarán herramientas esenciales.

Con el fin de dar continuidad temporal al asesoramiento incluido en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2021-2020, con sus sucesivas prórrogas hasta 2022, y la intervención prevista en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, es necesaria una nueva regulación que contemple las condiciones establecidas en el nuevo marco.

De este modo, se traslada todo el mecanismo de simplificación en la selección de entidades iniciado en la campaña 2022 con la vista puesta en la nueva PAC 2023.

Todo ello ha facilitado su tramitación y, en este sentido, se trata de la primera normativa de regulación formalizada tras la publicación de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias similares.

Asimismo, en breve se convocará el procedimiento para la selección de entidades de asesoramiento, para el que se valorará la disponibilidad de medios materiales y personales adecuados, así como experiencia en labores de asesoramiento, formación, divulgación o mejora técnica. Estas entidades, como contraprestación, recibirán una ayuda por los gastos ocasionados por el servicio, mediante un importe unitario por asesorado.