El sector agrario se ha encontrado en 2022 con una «tormenta perfecta» por la escalada sin precedentes de los altos costes de producción y por las heladas, altas temperaturas y, sobre todo, falta de agua que han recortado producciones en el año de preparación de la legislación para aplicar la PAC 2023/27.
En España se ha cosechado un 35% menos de cereal, han bajado los rendimientos en oleaginosas, la producción de aceite de oliva ha caído a más de la mitad en algunas zonas, la de fruta de hueso se ha recortado muchísimo excepto en Extremadura y la de almendra ha mermado casi un 80%, según las principales organizaciones agrarias.
También han constatado importantes caídas del volumen de aceituna de mesa, uva de vino, cítricos y de arroz.
Estas asociaciones han coincidido en hacer un balance poco halagüeño de un año en el que la Ley de la cadena alimentaria no ha terminado de funcionar correctamente y el consumidor ha visto como su cesta de la compra se ha encarecido más del 15% mientras en el campo han desaparecido explotaciones por falta de viabilidad económica.
El Gobierno quiere ahora controlar la inflación de los alimentos, pero «no puede hacerse a costa de la producción ni de negar la realidad de lo que cuesta producir realmente», ha apuntado a Efeagro el director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, Gabriel Trenzado.
Ha considerado que, para ello, «las administraciones necesitan ver la situación en su conjunto y de manera coherente».
En su repaso del año, ha explicado que la invasión de Ucrania ha multiplicado los efectos y la incertidumbre por el espectacular aumento de la energía y la menor disponibilidad de materias primas, que ha provocado una «subida media anual de los costes de producción cercana al 30% -y del 200% en el caso de los fertilizantes-«.
Trenzado ha citado que han echado de menos de las administraciones públicas «comprensión y diálogo en relación con la sostenibilidad medioambiental, competencia que recae directamente en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico» (Miteco).
El secretario de Organización de ASAJA, Juan José Álvarez, ha planteado sus críticas a las actuaciones del Gobierno en materia agraria, en un «año muy complicado» por la sequía, la subida de costes, la inflación y una futura PAC que a esta organización «no le gusta» y de la que demanda que se flexibilicen los eco-regímenes.
«Aunque ha habido un diálogo fluido con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), nos han dado hecha la norma y hemos echado en falta más capacidad de consulta sobre ella».
«ESTE AÑO NO SE PUEDE DEFINIR COMO BUENO»
Ha añadido que «el desarrollo normativo a lo largo de 2022 del Plan Estratégico español para la PAC (Pepac), que entra en vigor el 1 de enero, ha sido muy lento» -hasta el 15 de diciembre el Congreso no lo ha aprobado- «y aún quedan reales decretos por publicar»: «el agricultor ha tenido que sembrar sin saber qué va a pasar».
Del Miteco ha lamentado su posición frente al aumento de muertes de ganado por lobos o la ausencia de políticas hidráulicas y de regadío eficientes, y del Ministerio de Trabajo, su desconocimiento de la actividad agraria a la hora de plantear la contratación en la nueva reforma laboral y las subidas del salario mínimo (SMI).
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha recordado que el alza de costes de producción comenzó ya en el segundo trimestre de 2021 y que la guerra en Ucrania ha agudizado esa «especulación» sobre los precios de la energía y carburantes.
Las restricciones de riego por la sequía, el recorte de los trasvases en los que «se ha criminalizado erróneamente al regadío», la difícil situación de sectores como los de leche de vacuno y caprino, cunícola y avícola y la falta de soluciones para el relevo generacional son algunas de los acontecimientos que desde su punto de vista han marcado el «inédito año» 2022.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha sido tajante al asegurar que «este año no se puede definir como bueno» por la caída de producciones debido al clima, que se ha traducido en un alza de los precios en origen pero no en un aumento del beneficio en la renta del agricultor debido a la subida de los costes.
El coordinador estatal de UdU, José Manuel de las Heras, también se ha mostrado de acuerdo con que «la subida de costes en 2022 ha neutralizado los beneficios de los productores», en la difícil aplicación de la reforma laboral en el campo y el desequilibrio que hay entre protección de fauna salvaje y ganadería.