El primer encuentro para buscar una fórmula para fijar precios en una cesta de la comprabásica se ha saldado sin acuerdo. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha insistido en su propuesta de limitar el precio de la compra de alimentos básicos para proteger a las familias de la subida de la inflación, una iniciativa de la que recelan los supermercados al considerar que será ineficaz y puede llevar distorsiones al mercado, por lo que reclaman rebajar el iva. Por su parte, el pequeño comercio se rebela contra un acuerdo y habla de ilegalidad. Mientras, nadie se reúne con los productores.
El Ministerio de Trabajo ha acogido este lunes la primera toma de contacto entre Díaz, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, las asociaciones de consumidores y las patronales de las grandes cadenas de distribución -Anged, ACES y Asedas-, a las que señalan para hacer «un esfuerzo», al tratarse de empresas que tienen «márgenes».
La propuesta de Díaz, que ella considera «absolutamente legal», se dio a conocer la semana pasada y consiste en que hasta después de Navidad las grandes cadenas ofrezcan ofertas comerciales para garantizar una cesta de la compra saludable y variada a precios congelados, con alternativas también para los celíacos.
Según han explicado al término de este primer encuentro, la idea seguirá desarrollándose en una reunión de trabajo más extensa cuando la vicepresidenta vuelva del encuentro del G-20.
Díaz ha salido al paso de la oposición a su iniciativa del pequeño comercio, del que se ha definido como «usuaria y defensora a ultranza» y ha asegurado que Carrefour, que desde hoy ha dispuesto una cesta a 30 euros sin productos frescos, se ha comprometido a estudiar la idea por la que apuestan desde Trabajo y Consumo.
LA DISTRIBUCIÓN PROPONE REBAJAR EL IVA Y ABARATAR LA ENERGÍA
Las patronales de la distribución, en cambio, han considerado que la propuesta de Díaz puede distorsionar el mercado y, en su lugar, han pedido la bajada de impuestos como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), abaratar la energía y evitar normativas que impongan costes adicionales.
El director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo, ha asegurado que el análisis realizado por la vicepresidenta del Gobierno sobre un problema de márgenes de beneficio «no tiene la base científica suficiente», como tampoco es «buena» la idea de elaborar una cesta básica común porque «no es coherente con la estructura de la distribución comercial española».
«El mercado está muy repartido y mucho menos concentrado que en otros países. No se trata de hacer un acuerdo con algunas grandes distribuidoras, sino que hay que implicar a cien cadenas de supermercados y al comercio especializado de alimentación, que es el líder en fresco», ha apuntado García Magarzo, en representación de Mercadona, Lidl, DIA y otras enseñas regionales.
El vicepresidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) -como El Corte Inglés-, Javier Millán-Astray, ha lamentado que se estén «arrojando sombras sobre el comportamiento de la distribución, que está siendo responsable».
Según Millán-Astray, el sector está realizando un «esfuerzo extraordinario» para no trasladar a los consumidores todos los costes de los diferentes eslabones de la cadena, incluidos los mayores precios de la energía, los cereales, los fertilizantes o los envases.
El presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) -que agrupa a Carrefour, Alcampo y Eroski-, Aurelio del Pino, ha apuntado que el sector tiene «un marco jurídico muy limitativo con la ley de la cadena alimentaria», que obliga a garantizar a los proveedores el cumplimiento de los costes de producción.
«Cada consumidor puede encontrar la cesta que mejor se ajuste a sus necesidades de acuerdo con la política comercial de cada empresa», ha subrayado Del Pino.
LOS CONSUMIDORES
Por parte de los consumidores han estado presentes en la reunión organizaciones como Facua, que ha pedido al Gobierno que aplique la ley de comercio y fije precios máximos a los alimentos básicos o topes a los márgenes de comercialización de la distribución.
Según Facua, la ley de ordenación del comercio minorista permite al Gobierno, «previa audiencia de los sectores afectados», fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos y someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa «cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas».
Ni el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ya ha dejado claro que su departamento no tomará medidas para topar los precios, ni la titular de cartera de Comercio e Industria, Reyes Maroto, ni los representantes del comercio minorista han participado en este encuentro.
EL PEQUEÑO COMERCIO SE REBELA CONTRA UN POSIBLE ACUERDO
Por su parte, el pequeño comercio se rebela ante un posible acuerdo y ha rechazado la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, ya que «favorece» a la gran distribución en detrimento del comercio de proximidad.
El presidente de la Asociación de Detallistas de Frutas y Verduras de Barcelona, Tino Mora, ha señalado este lunes a Efeagro que se trata de una medida «que puede llegar a ser provocativa» y afecta a toda la cadena alimentaria, incluidos los productores y los comercializadores.
«El tope lo pondrán también a la hora de pagar en origen a los productores», ha destacado Mora, que ha instado a llevar a cabo otras soluciones como eliminar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en productos básicos de alimentación.
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha apuntado en un vídeo que «pactar o limitar precios es ilegal», como lo es también «una simple reunión con el único objetivo de limitar o pactar precios», dejando claro que el pequeño comercio se rebela ante un acuerdo.