En su opinión, los ciudadanos "no podrán entender que ayuntamientos, diputaciones, inmobiliarias y/o empresas constructoras, entre otros, sean consideradas `agricultor activo´. La sociedad tampoco entendería que teniendo una superficie admisible de 22 millones de hectáreas en el 2011 pasáramos a 38 millones por meros intereses especulativos, lo que conllevaría una reducción muy preocupante de pagos compensatorios para los verdaderos activos del sector que sería de alrededor del 50%".
Por lo que respecta a las ayudas asociadas (vinculadas a la producción) el porcentaje que se debe permitir debería elevarse del 10 al 15 %, con el fin de que el Ministerio de Agricultura pueda garantizar fondos suficientes a sectores concretos y especialmente sensibles como la ganadería.
Por otro lado, LA ALIANZA UPA-COAG pide que el régimen de cuotas de producción de azúcar se mantenga al menos hasta el 2020, y en cuanto a las cuotas lácteas nuestra organización se muestra radicalmente en contra de que desparezcan en el 2015, ya que puede suponer la puntilla para los ganaderos de Castilla y León. Respecto a los derechos de plantación de viñedo, apostamos decididamente por mantenerlos hasta el 2030, y por lo tanto en este sentido compartimos la postura del Parlamento Europeo.
También apuestan porque las oleaginosas y proteaginosas se incluyan dentro de los cultivos con potencial medioambiental dentro del denominado `greening´, puesto que cumplen un papel trascendental en la fijación natural de nitrógeno en la tierra.
Finalmente, para la ALIANZA UPA-COAG cualquier reducción de ayudas que se aplique a los agricultores y ganaderos profesionales "será un rotundo fracaso del Ministerio de Agricultura, si al final no se garantizan los fondos de 1.150 millones de euros anuales que se han venido percibiendo desde el 2007 en Castilla y León".