La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, ha firmado este martes 26 sendos convenios de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Red Española de Desarrollo Rural (ReDR) y la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER), con el fin de apoyar la realización de actividades de interés para el desarrollo rural a través de la iniciativa Leader.
Estos convenios, que se suscriben anualmente desde el año 2009, contemplan el apoyo a las redes de Grupos de Acción Local (GAL) y la interlocución ante diferentes instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Además, van a cubrir los servicios de comunicación, mantenimiento y gestión de la red telemática, la organización de encuentros, jornadas y seminarios sobre desarrollo rural; la realización de estudios y publicaciones; y la recopilación de ejemplos de buenas prácticas en la aplicación de la metodología LEADER.
ENFOQUE LEADER Y GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
El enfoque LEADER consiste en ceder la iniciativa de planificación a las comunidades locales de cada territorio rural que, organizadas en Grupos de Acción Local (GAL) -asociaciones público-privadas de funcionamiento asambleario-, elaboran y ejecutan una estrategia de desarrollo para dicho territorio mediante el aprovechamiento de sus recursos. Actualmente, en España hay 253 GAL.
Esta metodología empezó a utilizarse en los años 90 como una iniciativa innovadora a nivel europeo, y se ha consolidado como un elemento indispensable en la programación europea del desarrollo rural.
A través de la dinamización social, busca conseguir una mayor implicación de la población en la identificación y solución de los problemas comunes que les afectan, y un mayor compromiso con las actuaciones que se ponen en marcha, lo que se traduce en un aumento de la gobernanza local.
Las redes de Grupos de Acción Local conectan a los distintos territorios, favorecen la transferencia de conocimientos y la cooperación. Además, actúan como interlocutoras ante las entidades públicas, y cumplen una función de alto valor como transmisoras de las decisiones y debates sobre las políticas que se ponen en marcha, y como generadoras de trabajo en red entre los diferentes GAL, tanto a nivel nacional como internacional.