“A pesar de ello, tras analizar todos los pormenores de esta fusión, trabajamos en estos momentos sobre la tesis de no fusionar ambas entidades, por lo que pretendemos que se mantenga, en cualquier caso, la estructura actual”, comentó Hernández.
“Sin embargo, parece lógico y razonable intentar que ambos organismos traten de optimizar sus recursos, utilizando los medios disponibles -edificios, instalaciones, laboratorios, etc.- de forma coordinada, pero manteniendo su autonomía organizativa y funcional”, agregó.
La fusión de ambos institutos en uno solo se justificaba en el cumplimiento de las directrices del propio Gobierno de Canarias de reducción de organismos públicos y de puestos de dirección al frente de los mismos. Sin embargo, según explicó el titular del Área, del análisis de los estatutos y reglamentos de ambos institutos se deriva “que resultaría dificultoso proceder a la fusión de los entes, la cuál podría provocar problemas en las funciones, las estructuras, y en la gestión administrativa de ambos institutos”.
Por lo tanto, una unión de ambos organismos podría reportar más perjuicios que ventajas, en la medida de que en el proceso de integración prevalezcan los fines y objetivos de uno sobre el otro. Es más, pudiera darse el caso de que se lleguen a plantear conflictos de intereses, puesto que, por una parte, el ICIA colabora con muchas empresas o entidades (bodegas, consejos reguladores, asociaciones, etc.) que, por otra parte, pudieran ser objeto de actuaciones de control, certificación, inspección o, incluso en el peor de los casos, estar sometidos a expedientes sancionadores por parte del ICCA; pudiendo darse el caso también que hubiese reclamaciones de particulares de difícil solución, debido a una posible contraposición de intereses en juego.