El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, ha optado por tramitar la próxima semana el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), después de mantenerlo adormilado en el Congreso durante más de un año, que busca que haya un descenso del precio e la luz a costa de subir el precio del gasóleo entre 7 y 8 céntimos el litro, lo que repercutiría directamente en la agricultura al primar a los ciudadanos urbanos sobre los del mundo rural.

Según recoge Carmen Morodo en larazon.es, esta reforma, que se quiere que esté avtiva para el final del verano, podría bajar la luz, pero a costa de subir los carburantes entre 7 y 8 céntimos el litro y subir también la factura del gas a ciudadanos y empresas. Provocaría, asimismo, graves desequilibrios territoriales y entre sectores de renta, favoreciendo a las clases urbanas y de renta media-alta sobre el resto de la sociedad.

La idea del Gobierno es bajar la factura eléctrica a costa de poner un nuevo impuesto a los carburantes y al gas natural. Es decir, mediante una transferencia de rentas de los consumidores eléctricos a los ciudadanos, agricultores, taxistas y empresarios que llenan los depósitos de sus coches o de sus tractores o usan el gas en sus procesos productivos.

Este proyecto afectará a la igualdad territorial. El traslado de costes entre sectores provocará una redistribución de rentas a favor de consumidores mayoritariamente eléctricos, urbanos, de zona templada y de clase media-alta en contra del resto de la sociedad.

Por ejemplo, según recoge este medio, el español que viva en zona fría y tenga un tractor pagará más por calentar su casa y más por el combustible para mantener su modo de vida, la agricultura. Y el que viva en zonas cálidas y haga un uso intensivo del aire acondicionado o de una segunda vivienda en la costa, pagará menos en la factura de la luz.

De aprobarse esta medida, representaría un nuevo varapalo para el sector agrario, que verían cómo se dispara de nuevos los coste de producción. Y llegaría en un momento en el que las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA de Castilla y León han anunciado que bloqueará el próximo 23 de junio el centro logístico de hidrocarburos (CLH) de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) ante la situación extremadamente crítica que están sufriendo los profesionales del sector por el precio escandaloso del gasóleo agrícola, que ya se sitúa en 1,57 €/l.