EFE.- La clave de la reforma radica principalmente en intentar lograr en la Unión Europea (UE) una actividad agraria más ecológica y un reparto de las ayudas más justo y equitativo.
Los eurodiputados deberán pronunciarse sobre varios reglamentos referentes a los pagos directos a los agricultores, los fondos para el desarrollo rural y la organización común de los mercados.
"Aún faltan puntos que deberán ser clarificados entre nosotros y el Consejo a través de trílogos. En cualquier caso, pienso que nosotros estamos de acuerdo en los principios esenciales" de la reforma, indicó el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, en su intervención durante el debate de la reforma el martes en el pleno.
Los eurodiputados tomarán como base la posición adoptada por la comisión de Agricultura del PE en enero pasado, que respaldaba conceder el 30 % de los pagos directos a los agricultores que realicen determinadas prácticas ecológicas.
Esas medidas consisten en la rotación de los cultivos y el mantenimiento de un "área de interés ecológico" de al menos 7 % de las tierras agrícolas y los pastos permanentes.
Algunas de las discrepancias que todavía persisten tienen que ver con cómo se hará el reparto de los fondos, ya que eurodiputados de izquierdas insisten en que el límite de ayudas de 300.000 euros para las grandes explotaciones es excesivo e impide una distribución más "justa".
El ponente y socialista portugués Luis Manuel Capoulas aseguró en el debate parlamentario que su grupo presentará enmiendas para mejorar las normas de transparencia sobre las ayudas, a fin de conocer más detalles de los beneficiarios, y para evitar la llamada "doble financiación", que consideró "inaceptable".
La comisión de Agricultura defendió destinar al menos un 25 % de la partida de desarrollo rural a prácticas ecológicas, lo que podría traducirse en una "doble financiación" dado que ese tipo de proyectos ya estarían recibiendo un 30 % de los pagos directos.
En el voto de enero, los diputados apoyaron, además, definir el concepto de "agricultor activo" para evitar que se beneficien de subvenciones personas que no tengan una explotación agraria, como "campos de golf o aeropuertos", recordó Capoulas.
También propusieron prolongar hasta 2020 el régimen de cuotas en el sector del azúcar (la CE había propuesto 2015) y los derechos de plantación de viñedos hasta 2030 (la CE propuso 2016), en tanto que abogaron por conceder ayudas a los productores lecheros que reduzcan voluntariamente su producción como mínimo un 5 %.
Una vez que el PE adopte hoy su posición frente a la nueva PAC, los Estados miembros deberán hacer lo mismo para empezar a negociar un texto común con los eurodiputados (la Eurocámara es colegislador en esta materia).
El Consejo de Ministros de Agricultura de la UE que se celebrará el lunes y martes próximos en Bruselas intentará cerrar la postura de los países.
La presidencia irlandesa de la Unión intentará llevar a buen puerto las negociaciones para junio.