El clamor de todo el sector agrario valenciano contra la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que plantea de manera confusa la prohibición de las quemas agrarias, ha forzado una solución parcial por parte de la conselleria de Agricultura. Así, según la información que el departamento agrario de la Generalitat Valenciana ha avanzado a la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), en breve publicará una resolución por la cual, por razones fitosanitarias, es decir, para favorecer la lucha contra plagas y enfermedades de los cultivos, cada agricultor podrá solicitar en su ayuntamiento una autorización excepcional para continuar realizando las prácticas tradicionales de quemas de restos de poda y otros restos vegetales.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “la conselleria de Agricultura ha escuchado y entendido la indignación de los agricultores y ganaderos valencianos ante este nuevo ataque frontal del Gobierno al campo. Tras semanas de conversaciones y gestiones constructivas con el sector, la conselleria va a dar una solución que agradecemos, pero hay que dejar claro que no es la solución que nosotros queremos y necesitamos. AVA-ASAJA reclama la derogación del artículo 27.3 de la referida Ley que incluye los restos de poda y agrarios en la prohibición general de quemas, como si se tratara de residuos artificiales”.

La organización agraria ha trasladado esta reivindicación al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de quien aún no ha recibido respuesta, mientras que ASAJA Nacional ha hecho lo propio con la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

CRITICAN QUE SE HA APROBADO “ESTE DESPROPÓSITO POR GENTE QUE NO TIENE NI IDEA DE LA REALIDAD DEL CAMPO, INSTAURADA EN UN ECOLOGISMO UTÓPICO DE SALÓN”

AVA-ASAJA igualmente ha remitido un escrito a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) instándole a solicitar la derogación del mencionado artículo y a trasladar esta misma demanda de una autorización excepcional a todos los ayuntamientos.

Aguado remarca que “absurdamente se ha aprobado este despropósito por gente que no tiene ni idea de la realidad del campo, instaurada en un ecologismo utópico de salón. Ha creado un problema enorme en toda España, pero más grave aún en la agricultura valenciana donde predomina la estructura minifundista e incluso una orografía de difícil acceso para las máquinas trituradoras con bancales en laderas protegidas por muros. Independientemente de que haya algunas explotaciones que, por su tamaño, amplio marco de plantación y elevado grado de mecanización, están utilizando otros métodos culturales como es el triturado y descomposición en el mismo suelo, para la mayoría de parcelas de la Comunitat Valenciana prohibir las quemas no solo es muy difícil de aplicar de la noche a la mañana, sino también supone sobrecostes económicos inasumibles con la actual crisis de rentabilidad”.

Desde el punto de vista fitosanitario tambie´n se defiende que haya una autorización excepcional, porque “prácticamente todos los cultivos valencianos sufren una explosión de plagas y enfermedades a causa de la supresión europea de materias activas y, ahora, con una prohibición de quemas los agricultores tendrían más dificultades aún para mantener una correcta sanidad vegetal. Además, en el caso del arranque de cultivos leñosos como cítricos, olivos o almendros, muchos patógenos se hallan dentro de la madera y resulta necesaria la quema para afrontar la nueva plantación en buenas condiciones sanitarias. La contaminación que puede generar esta incineración puntual es mil veces menor a la contribución positiva que ha ido desempeñando el árbol durante sus más de veinte años de vida”.

Aguado añade que “tampoco parece una medida acertada para el medio ambiente si pensamos en el impacto que supone el traslado mediante maquinaria de los rastrojos y restos de poda a distancias kilométricas –como sucedería en muchas zonas agrarias valencianas– o en la acumulación de material combustible en los campos, muchos de ellos colindantes a municipios, industrias y superficies forestales, que podría desencadenar incendios graves y agravar la superpoblación de fauna salvaje. Incluir los restos agroforestales en esta ley es de locos, dejen al campo tranquilo y no nos compliquen más la vida, que ya tenemos demasiados problemas”.