Asturias y el País Vasco son las autonomías españolas con más probabilidad de cierre de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas de aquí a 2040 y Cataluña la única sin ese riesgo en sus pymes agrícolas, según un estudio publicado por el Parlamento Europeo (PE).

El informe señala, no obstante, que el riesgo en Asturias y el País Vasco es “moderado” y “bajo” o “muy bajo” en el resto de España, pese a que las perspectivas en la Unión Europea (UE) apuntan a un “drástico” descenso del número de empresas agrícolas.

La agricultura comunitaria tiende a concentrarse en grandes empresas y el número de explotaciones podría reducirse en 2040 un 62 %, en comparación con 2016, lo que supondría la desaparición de 6,4 millones de explotaciones agrarias, sobre todo pymes si no hay políticas sociales que apoyen a los pequeños productores, de acuerdo con el documento.

Dentro de España, figuran clasificadas con «riesgo bajo» de reducción de explotaciones agrícolas: Navarra, La Rioja, Madrid, Cantabria, Canarias, Baleares, Murcia, la Comunidad Valenciana y Galicia.

El riesgo de aquí a 2040 es “muy bajo” en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Aragón, de acuerdo con las proyecciones del informe, basadas en las cifras de la Oficina Estadística comunitaria Eurostat.

Según dichas estimaciones, si no se aplican medidas para frenar la desaparición de pymes agrarias, la UE contaría dentro de 18 años con 3,9 millones de explotaciones, frente a los diez millones de empresas agrarias actuales de los Veintisiete.

El estudio es un documento técnico de trabajo para los eurodiputados, coordinado por el PE y realizado por expertos de instituciones de varios países (como la Universidad eslovena de Liubliana o el instituto federal austríaco rural BAB).

EL ESTE EUROPEO, MÁS AFECTADO POR EL CIERRE DE EXPLOTACIONES

La probabilidad de disminución del número de explotaciones es mayor en los países del este europeo que entraron en la UE en 2004, según el informe, publicado en un momento en el que está en cuestión el futuro del abastecimiento alimentario tras los desajustes de la guerra de Ucrania.

La investigación destaca el impacto social y territorial que puede suponer esa concentración de la producción agrícola en manos de las grandes explotaciones, pues en el modelo europeo actual la superficie media de las fincas es un tercio del que se encuentra en América del Sur o en Estados Unidos.

La desaparición de pymes agrícolas afecta al empleo rural y a la protección del paisaje.

Entre sus conclusiones, el informe destaca la necesidad de orientar mejor las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y de otros fondos comunitarios para responder a los retos ambientales y a diversos modelos de consumo, así como para incentivar otros tipos de explotación “más diversos”, como empresas emergentes o «start up» e incluso emprendedores «neorrurales» en torno a las ciudades.

“La PAC no puede abordar adecuadamente los nuevos retos sociales y es limitada cuando se trata de conciliar las restricciones de los mercados y las demandas sociales emergentes”, subraya.

“Dado que la PAC se centra fundamentalmente en abordar cuestiones económicas (ingresos agrícolas, competitividad, presiones del mercado), una parte desproporcionada del gasto se asigna a las grandes explotaciones, acelerando así implícitamente los procesos de concentración”, según sus conclusiones.

Sin embargo, el documento no habla específicamente de la reforma de la PAC que entrará en vigor en 2023, que eleva la ambición ambiental a la hora de la concesión de las subvenciones.

El estudio admite que esta política se ocupa parcialmente de retos de la agricultura del futuro, como el relevo generacional o la producción ecológica.

AYUDA A LOS MÁS VULNERABLES Y ATENCIÓN CONTRA LA ESPECULACIÓN

El informe apunta a la necesidad de políticas «especiales» para las explotaciones más vulnerables.

Dentro de los pagos directos de la PAC, los expertos del estudio aseguran que debería aumentar la atención para evitar “efectos secundarios” como la especulación en la compra y en el arrendamiento de tierras agrícolas.

En el caso de España, sugiere medidas para fomentar la integración de explotaciones de distinto tamaño y potenciar las cooperativas.

Las pymes agrícolas tienen también dificultades para la comercialización, por lo que, según el estudio, sería positivo fomentar actuaciones que contribuyan a mejorar el poder de negociación de sus productores frente a otros actores de la cadena alimentaria.

(Texto: Mercedes Salas / Efeagro)