La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha sancionado a la tres empresas que recogen leche en Galicia por irregularidades en sus contratos. En concreto, las industrias a las que el organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura les ha abierto expediente son Lactalis, Leche Río y Celega.
Las multas parten de las denuncias presentadas en el año 2020 por la asociación de ganaderos y ganaderas Agromuralla al detectar que los contratos de compra de la leche a los productores no cumplían con el estipulado en la legislación al efecto.
En concreto, la AICA da la razón a Agromuralla en cuanto a que los contratos presentados por Lactalis, Leche Río y Celega «no incluyen los extremos que como mínimo deben contener los contratos alimentarios», en concreto, el precepto 23.1. b) de la Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria.
En el caso de Celega, la mayor, la infracción tiene que ver con «realizar modificaciones en el precio incluido en el contrato que no estén expresamente pactadas por las partes», según se detalla en una comunicación que acaba de recibir Agromuralla por parte de la Agencia encargada de vigilar el cumplimiento de la legalidad en materia agroalimentaria.
AGROMURALLA SEGUIRÁ VIGILANTE
A través de un comunicado, Agromuralla muestra su satisfacción por la actuación del organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, a quién pide sin embargo «que actúe de oficio vigilando el cumplimiento de la ley y en defensa de los derechos de los productores para que no haya irregularidades en sus contratos, sin que tengan que ser los propios ganaderos los que se vean obligados a denunciar, teniendo que enfrentarse a las empresas que les recogen la leche».
Con todo, la asociación de ganaderos y ganaderas ya anuncia que se mantendrá «vigilante» y llevará ante la AICA «todas aquellas situaciones que vulneren la normativa y supongan un motivo claro de indefensión para los productores».
«No vamos a tolerar ningún abuso por parte de las industrias. En una situación de costes de producción disparados como el actual es exigible el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece que el precio pagado debe cubrir esos costes de producción», concluye Agromuralla.