La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha mostrado su rechazo a la ayuda específica al olivar tradicional anunciada por el consejero Francisco Martínez Arroyo, al considerar que ese dinero no irá al agricultor, sino a la industria, cooperativas o SATs y favorecerá en igual medida al olivar intensivo y superintensivo.

Para la organización, para acceder a esta ayuda se ha de ser una organización de productores que tenga al menos un 50% de olivar tradicional, por tanto el resto puede ser y será intensivo y superintensivo. «De esta manera se estaría subvencionando los dos tipos de olivar por igual. Pero ni siquiera es así, el dinero no lo percibirá el agricultor, será la industria agroalimentaria, cooperativas por ejemplo u otras formas societarias como SATs».

También lamentan las palabras del consejero de que «su mayor preocupación es que estas ayudas públicas lleguen al más necesitado cuando es consciente que en la forma en que se plantea su reparto y con tales destinatarios se beneficiará por igual al olivar marginal y al superintensivo, cosa que solo servirá para ahondar la brecha de rentabilidad entre ambos».

De igual forma rechazan sus palabras de que «en este caso en Castilla-La Mancha, lo tenemos muy fácil porque tenemos mucha superficie de olivar de bajo rendimiento, en torno a un 90% del total y la gran mayoría de cooperativas y empresas trabajan con olivar de bajo rendimiento. Argumento que oculta que el presupuesto de esta ayuda específica al olivar tradicional  beneficiará a través de las organizaciones de productores por igual al olivar superintensivo».

Siendo el único interés de esta organización la defensa de los agricultores, la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha «se ve en la obligación de descubrir la falacia de lo que llaman una ayuda al olivar tradicional y exigir que este apoyo económico se asigne directamente al olivarero mediante un pago por superficie».

Por todo ello La Unión de CLM exige elecciones agrarias ya, porque ven que «la falta de democracia en el campo, y el apesebramiento de las organizaciones agrarias, que tienen asignada la representatividad por la propia Consejería por una ley derogada y con certificados caducados, paralizan al sector».