No obstante, ha añadido, se trata de una "suspensión de carácter temporal", condicionada a la resolución de este problema y que, una vez se solvente, el Ejecutivo podrá retomar un sistema de "apoyos razonables" para el sector de la biomasa.
Según ha subrayado, el Gobierno es "muy consciente" de las oportunidades que ofrece la biomasa tanto para conseguir un mix energético equilibrado y cumplir con los compromisos de reducción de emisiones con efecto invernadero, como desde el punto de vista de la creación de empleo y riqueza en las zonas donde se desarrolla.
Ha apuntado que, al margen de incentivos económicos, es necesario trabajar para conseguir una gestión sostenible de la biomasa en España, para lo que el Gobierno prepara un plan de activación económica del sector forestal y la reforma de la ley de montes para facilitar el aprovechamiento de estos recursos.
En los próximos programas de desarrollo rural la biomasa estará "muy presente" en el capítulo dedicado a la silvicultura, ha precisado.
También se ha referido a otros posibles incentivos para incrementar la demanda de esta fuente de energía, como fomentar el cambio de calderas en instituciones públicas y viviendas.
En relación a los residuos leñosos agrícolas a los que aludía la interpelación, Arias Cañete ha señalado que su volumen se eleva a 16 millones de toneladas en España y, solo en Andalucía, a 4,9 millones.
En la presentación de la interpelación, el senador socialista Felipe López García ha defendido las ventajas de esta fuente de energía, tanto ambientales como económicas.
López García ha criticado la supresión de las primas por considerar que la biomasa genera retornos económicos al sistema "en magnitud suficiente" para justificar las ayudas, por el ahorro que supone en la compra de combustibles fósiles y de derechos de emisión, y en prestaciones de desempleo por su elevada demanda de mano de obra.
En este sentido, ha remarcado que es la fuente de energía alternativa "más intensiva" en empleo y la única "gestionable al 100 %".
Por ello, ha instado al Gobierno a no desaprovechar "ninguna oportunidad" en materia de desarrollo rural, que a su juicio "tiene que ser política de Estado".