La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) celebra la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional del recurso contencioso-administrativo presentado por las organizaciones profesionales agrarias ASAJACOAG y UPA contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) que incluye el lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y, por tanto, prohíbe su caza en todo el territorio español.

Aunque la Audiencia Nacional no se ha pronunciado sobre la petición de suspender cautelarmente esta Orden gubernamental, AVA-ASAJA valora de forma positiva este primer paso de estudiar en los tribunales su viabilidad legal. La Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio el envío de todo el expediente administrativo de elaboración de la Orden, lo que permitirá a los servicios jurídicos de los recurrentes, una vez que se entregue, formalizar su demanda.

Los ganaderos de Castellón y Valencia reclaman la retirada de la prohibición de cazar este depredador para frenar su llegada a la Comunitat Valenciana porque, tal como reconoce el propio Miteco en su última memoria, “desde el punto de vista de protección de la ganadería extensiva, los daños no solo disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas” de las comunidades autónomas del norte español.

El sector ganadero de la Comunitat Valenciana atraviesa una grave crisis de rentabilidad debido a la escalada histórica de los costes de producción (energía eléctrica, combustibles y piensos fundamentalmente) y a los bajos precios en origen. Asimismo, según ha denunciado AVA-ASAJA, la superpoblación de fauna salvaje ocasiona unas pérdidas récord y, en el caso del colectivo ganadero castellonense, sufre daños especialmente alarmantes a causa de los ataques de buitres y de la propagación de sarna por cabras. En este sentido, la asociación teme que la llegada del lobo recrudecería los daños agropecuarios ocasionadas por la fauna silvestre.

Cabe recordarque hace solo unos días la Audiencia Nacional, por decreto de 16 de enero de 2022,  admitía también a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Clara Esther Rodríguez Guerra, abogada  de COAG Asturias por este mismo tema.

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