El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Plan Estratégico de España de la PAC (PEPAC) para el periodo 2023-2027. Mañana, el gobierno español lo enviará a la Comisión Europea, que tendrá que ratificarlo durante el primer semestre de 2022. El texto, que actualmente está en consulta pública, tiene, según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el objetivo de ser una política agraria «más justa y más verde»; y sin embargo refleja una escasa ambición socioambiental. Por ello, recientemente nuevas entidades, como Bandera Negra por el Mar Menor, Triodos Bank España, Fundación Ecoanime, Plant on Demand y Neo Agri, entre otras muchas, se han sumado a la carta que pide a los dirigentes una Política Agraria Común (PAC) que esté a la altura de los grandes desafíos a los que se enfrenta. En total, 100 organizaciones reclaman medidas ambiciosas capaces de luchar contra el despoblamiento rural, la crisis climática y de biodiversidad, o la pandemia y el riesgo creciente de nuevas zoonosis.

La misiva fue enviada en julio de este año a cinco ministerios -los de Agricultura, Pesca y Alimentación; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y Agenda 2030- y a las consejerías de agricultura. Ha sido coordinada por la Coalición Por Otra PAC, conformada por organizaciones provenientes de diversos ámbitos como la ganadería extensiva, el consumo, el medio ambiente, la justicia social, la producción ecológica, la nutrición, el bienestar animal y el desarrollo rural. A esta acción se han sumado muchas más entidades, en un proceso que todavía está abierto (nuevas adhesiones, aquí).

La carta contiene un conjunto de propuestas técnicas que deben ser consideradas para que la PAC retome la senda de la transición agroecológica y social. También, denuncia la falta de transparencia deliberada en el actual proceso de elaboración del PEPAC. Es necesario recordar que se trata de la Política a la que se destina la mayor cuantía de dinero público europeo, el 31% del presupuesto total de la Unión. Solo España recibirá más de 47.000 millones de euros, hasta 2027. Es decir, su impacto sobre el territorio, el consumo y las personas que viven y trabajan en el campo es enorme. Y su potencial transformador, también.

«Pedimos que no nos decepcionen ahora, ni tampoco a las generaciones futuras. Ofrecemos nuestro conocimiento y seguiremos con total atención el proceso», concluye la carta firmada. Entre las propuestas que se proponen, destacan las siguientes (ver el listado completo en el anexo de la carta):

• Alineación con las recomendaciones del Pacto Verde Europeo, en concreto, con los objetivos de las Estrategias «De la Granja a la Mesa» y «Biodiversidad 2030», en relación a plaguicidas, fertilizantes, antimicrobianos, agricultura ecológica y características del paisaje.

• La aplicación de una condicionalidad social y ambiental realmente reforzada, lo que implica que debe aplicarse desde 2023 y a todos los perceptores de cualquier ayuda de la PAC.

• Un pago básico que apoye a las fincas de mayor valor socio-ambiental (como las dedicadas a la ganadería extensiva y al pastoreo, la producción ecológica y las ubicadas en la Red Natura 2000). Además, se deben utilizar otros instrumentos de la PAC como el capping, la figura de agricultor genuino y el pago redistributivo para asegurar el mantenimiento de las buenas prácticas a través de una renta y condiciones de trabajo dignas.

• Una propuesta de ecoesquemas que excluya medidas sin objetivos ambientales ambiciosos e, incluso, perjudiciales. Esto implica la retirada del ecoesquema de «agricultura de conservación», por su uso de herbicidas (glifosato y otros fitosanitarios que han demostrado ser perjudiciales para la salud).

• La supresión de todos los subsidios perversos que apoyan a producciones agrarias con un elevado coste social, ambiental y sanitario para el medio rural, como son la ganadería industrial, la concentración parcelaria y la transformación a sistemas intensivos de regadíos en zonas que ya sufren escasez de agua, entre otros.

• La creación del Comité de Seguimiento de la PAC, con un sistema de evaluación robusto.