El informe DFOE-AE-IF-01-2013 sostiene que el 8% de la población de Costa Rica recibe agua de calidad no potable para consumo humano suministrada por diferentes operadores, y otro 8% de la población se abastece con calidad de agua desconocida.
Respecto a la depuración, únicamente un 5% de los vertidos es sometido a un tratamiento de depuración antes de ser vertido a dominio público, debido a que las instalaciones construidas al efecto son insuficientes, sumado a que dichas plantas no presentan un correcto funcionamiento.
El informe contiene referencias tan preocupantes como las siguientes: “No existe una política nacional en la materia y resulta débil el control y vigilancia del Ministerio de Salud y el MINAE, lo que impide avanzar en la reducción de la contaminación del recurso hídrico. A su vez, existe presión, en magnitud no determinada, por parte de las fuentes difusas de contaminación, tema que no está siendo gestionado en el ámbito nacional.”
“El MINAE autorizó 9 casos de vertimientos de aguas residuales dentro de los límites de Áreas Silvestres Protegidas, en las que también existen otros no autorizados, lo cual afecta a los ecosistemas usuarios del agua. Otros usos como industria, comercio, riego y acuicultura, no cuentan con parámetros de calidad precisos, por ello se desconoce si el agua suministrada es de menor o mayor calidad a la requerida. La contaminación del agua ha repercutido en la salud humana, pues se han detectado brotes de diarrea y otras enfermedades de posible origen hídrico, así como en la salud de los ecosistemas al disminuir comunidades de macroinvertebrados bentónicos y severa afectación de arrecifes coralinos”.