El lobo dejará de ser especie cinegética a partir de este miércoles 22 tras la publicación de la Orden que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), con el fin de incluir a todas las poblaciones de lobo ibérico (Canis lupus) de España. De esta forma, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, cumple su amenaza y ha aprobado sin el respaldo del sector ganadero ni de muchas CCAA una norma que protegerá al lobo pero se olvida de los ganaderos.

Dicha Orden, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con entrada en vigor desde mañana 22 de septiembre, establece dos disposiciones adicionales: una de ellas referida a que la captura de ejemplares, fijada con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden, podrá seguir aplicándose si cuenta con una autorización de las autoridades autonómicas.

Para ello es necesario, entre otras cuestiones, que no haya otra solución satisfactoria tal y como señala el catálogo de medidas de protección del ganado ante eventos de depredación del lobo publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Asimismo, se deberá justificar que la medida de captura de ejemplares no afecte negativamente al estado de conservación favorable de la especie y a la existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas.

Con esta medida la persecución del lobo pasa a ser un delito tipificado en el artículo 334 Código Penal, con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho de cazar o pescar de dos a cuatro años.

La disposición segunda añade que la estrategia de conservación y gestión del lobo en España será aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, antes del 31 de diciembre de 2021, y se publicará en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica.

REACIONES A LA MEDIDA

Obviamente, esta resolución no ha gustado al sector agrario. Desde la Unión de Campesino de Castilla y León (UCCL) se ha dejado claro su enfado porque que no ha escuchado a las organizaciones agrarias ni a las Comunidades autónomas, no cuenbte con el respaldo del sector ganadero y se haya permitido algo tan «incomprensible como que CCAA que no tienen lobo nos impongan su ecologismo radical».

La Unión de Campesinos de Castilla y León recuerda que la actividad ganadera en el medio rural es una actividad esencial tanto desde el punto de vista medio ambiental como social, al contribuir por un lado al mantenimiento de una población activa real en un territorio cada vez más despoblado y a ayudar a mantener nuestros montes limpios de maleza y prevenir los incendios.En el año 2020 en Castilla y León se registraron 4.500 ataques de lobos que ocasionaron la muerte a 6.000 cabezas de ganado, sin contar los animales heridos y/o desaparecidos, ni los abortos que se producen a consecuencia del estrés a los que son sometidos tras un ataque. Las perdidas de los ganaderos de Castilla y León se pueden estimar en más de 5 millones de euros todos los años y las Administración tan solo compensa el 20% de los daños.

Esta situación se hace insostenible para los ganaderos ahora que no se podrá realizar un control poblacional del lobo por parte de las comunidades autónomas que favorezca el equilibrio del ecosistema, y va a suponer un grave peligro para la supervivencia de las explotaciones ganaderas de las que viven en torno a 35.000 familias. “Esta es la capacidad de dialogo que tiene el Ministerio”, lamenta UCCL.

Por su parte, COAG Castilla y León, que también recalca que no se ha negociado nada y que no se tiene el respaldo del sector ganadero, va a presentar a los grupos parlamentarios que conforman las Cortes de Castilla y León una propuesta para que la ministra Teresa Ribera sea declarada persona “Non Grata”. Resuelta innegable que la decisión de sobreproteger al lobo perjudica enormemente la economía de la región y el desarrollo de las zonas rurales más deprimidas.

Del mismo modo, se adhiere y se pone a disposición de las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, para apoyar cuantas medidas tomen, incluidas las jurídicas, para dejar constancia ante la sociedad española que la medida que ha tomado Teresa Ribera perjudica enormemente a los ganaderos, al medio rural (que ella misma pretende defender en el segundo apellido de su ministerio: reto demográfico) e intentar tumbar la ley en los tribunales.