Desde esta organización se recalca que las amplias exigencias del paquete de higiene garantizan una adecuada trazabilidad y permiten seguir el rastro del alimento “desde la granja a la mesa”; su puesta en marcha y desarrollo posterior ha supuesto importantes esfuerzos y recursos a los ganaderos. Como complemento de lo anterior existe un exhaustivo etiquetado, claramente detallado para el caso de la carne picada a través del Real decreto 1698 desarrollado ya en el año 2003 y desde entonces en vigor.
En consecuencia, desde UPA "no podemos permitir que se empañe la imagen del sector ganadero y que se dude del buen hacer del mismo, en un momento además en el que muchas explotaciones están atravesando grandes dificultades que amenazan su viabilidad en muchos casos".
En este sentido, UPA propone que ante la existencia de instrumentos legislativos adecuados "es función de las Administraciones asegurar su estricto cumplimiento de modo que caiga el peso de la ley sobre aquellos operadores que con sus malas prácticas perjudican al resto de la cadena cárnica, engañando a los consumidores y sembrando la duda sobre el buen hacer de nuestros ganaderos".