La organización ha demandado al Gobierno de la Comunidad de Madrid que vele por los intereses de los ciudadanos del mundo rural y colabore con las entidades financieras para que mantengan un tejido de oficinas “suficiente y absolutamente necesario” en los pueblos, donde en ocasiones la elevada tasa de envejecimiento “dificulta la movilidad de sus habitantes para desplazarse a hacer sus gestiones con el banco”.

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