El simposio “Edición Genómica de Cultivos: más allá de la ciencia” reunió este miércoles 13 de manera virtual a más de 400 participantes, entre ellos destacados científicos, expertos en Derecho y representantes del sector agroalimentario español, para repasar el estado de la edición genómica y su aplicación a la agricultura. Organizado por la sección española de EU SAGE (alianza de más de 130 sociedades científicas y centros de investigación europeos) y BIOVEGEN-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal (asociación de 135 empresas y centros de investigación en innovación vegetal), el simposio fue auspiciado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y contó con la inauguración del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y la clausura de José Antonio Sobrino, subdirector general del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
“España dispone de grupos de investigación punteros en edición genética de cultivos, que están haciendo contribuciones relevantes, pero lamentablemente muchos de estos desarrollos no pueden llevarse al mercado en Europa debido a las barreras que supone la legislación restrictiva actual. Es necesario que Europa elimine cuanto antes estas barreras”. Así lo expuso Antonio Granell, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (UPV-CSIC) y organizador del simposio durante la presentación del mismo.
La edición genómica es una tecnología que nos permite introducir cambios en la región del genoma que se desee. Esto facilita el poder modificar características importantes de los cultivos, como la productividad o incrementar la tolerancia a sequía o a altas temperaturas y lo hace, al contrario de otras técnicas de mejora utilizadas tradicionalmente, manteniendo el resto del genoma intacto.
A lo largo de la jornada, se repasó el estado del arte de esta tecnología y su aplicación a la agricultura. Se debatieron también las consecuencias sociales, económicas y de sostenibilidad derivadas de la implantación de una regulación más restrictiva o permisiva. Asimismo, se analizaron las derivadas éticas, legales y de competitividad de la mano de expertos en distintas disciplinas, incluyendo a representantes del ámbito de la investigación, la empresa, la economía y la bioética.
Gonzaga Ruiz de Gauna, director de BIOVEGEN, señaló que el sector productivo necesita innovar para poder disponer de variedades con las que competir en igualdad de condiciones. “Además, la edición genómica es una tecnología trascendental para conseguir los objetivos de productividad y sostenibilidad del sector agroalimentario marcados en la estrategia europea ‘De la Granja a la Mesa’. Resultaría muy difícil entender que una tecnología tan beneficiosa para toda la cadena de valor, desde el productor hasta el consumidor, sea accesible en otros países avanzados como EEUU, Canadá o Japón, donde no está sujeta a una regulación estricta, y que no lo sea en Europa, obligando a los agentes de la cadena de valor a desplazarse a terceros países para aplicarla”.
CONSULTA A LA COMISIÓN EUROPEA
Este simposio ha tenido lugar dos semanas después de que la Comisión Europea publicara los resultados de un estudio sobre el impacto de la edición genómica de plantas. A raíz de este estudio, la Comisión va a iniciar consultas con los países miembros, recabando su opinión sobre si la legislación actual, que data de hace más de 20 años, es adecuada a la vista de los desafíos que plantea la edición genética y el importante papel que las nuevas tecnologías de mejora pueden desempeñar en la innovación del sector agroalimentario.
“La normativa debe proteger las innovaciones al tiempo que los intereses de los ciudadanos y el medioambiente, pero debe adaptarse a las nuevas tecnologías. Existen mecanismos para adaptar la actual legislación, eximiendo a la edición génica de la sobre-regulación de los transgénicos, al igual que hace con las plantas mejoradas mediante mutagénesis física o química. O bien elaborar una legislación ad hoc para las plantas editadas; es una cuestión de voluntad política”, manifestó Felipe Palau, catedrático de Derecho Mercantil de la UPV y moderador de la sesión de aspectos sociales, económicos y legislativos del simposio.
INVERSIÓN CLAVE EN EL LIDERAZGO
Según un informe reciente publicado por CAJAMAR, el sector agroalimentario en España, incluyendo la distribución, aportó en 2019 102.983 millones de euros a la economía española, lo que equivale al 9,1 % del valor añadido bruto, y ha generado 2.397.279 empleos, el 11,8 % del total nacional. A pesar de que estos valores son superiores a la media europea, nuestro país invierte menos en I+D+i en agroalimentación que la media de los EU-28.
“Una inversión específica dirigida a facilitar desarrollo e incorporación de las nuevas tecnologías de mejora al tejido productivo español mediante consorcios público privados nos permitiría alcanzar un papel de liderazgo en este sector estratégico para nuestro país”, aseguró Toni Granell.
El Simposio puso de manifiesto el potencial y alto grado de desarrollo de estas técnicas para abordar los desafíos productivos y medioambientales que enfrenta la UE, así como los excelentes recursos científicos y empresariales con los que cuenta España para participar en este desarrollo.
También se recalcó la urgente necesidad del sector productivo europeo de poder acceder a estas tecnologías y sus productos derivados en condiciones de igualdad con el resto de agricultores a nivel mundial. En este sentido, se propusieron mecanismos de toma de decisiones análogos a los ya implantados en otros países desarrollados, para implementar de manera ágil legislaciones acordes a la evidencia científica y tecnológica.