Unión de Uniones ha pedido al Ministro de Agricultura y a las comunidades autónomas que habiliten, para la presente campaña, la medida de la cosecha en verde para aliviar la situación del mercado sobre el que sigue pesando las restricciones de todo tipo impuestas durante la pandemia.
Unión de Uniones ha solicitado esto a través de un escrito en el que expone que la cancelación de celebraciones y actos festivos, junto con los cierres y restricciones del canal HORECA que se están prolongando ya por más de un año debido al COVID19, están lastrando el mercado nacional de vino.
En este sentido, la caída del consumo aparente (con últimos datos de febrero) en un 20% en el interanual, hasta los 8,8 millones de Hls., junto con una ralentización del ritmo exportador en el arranque del año, han colocado las existencias almacenadas en casi 59 millones de hectólitros a finales de febrero, lo que supone un 15,5% por encima de las que había en la misma fecha del año pasado.
Según la organización, a escasos cuatro meses de la próxima vendimia es urgente adoptar medidas, como la cosecha en verde, para no sobrealimentar el mercado con volúmenes que no pueda absorber. Por este motivo Unión de Uniones se ha dirigido al Ministerio de Agricultura para reclamar la puesta en marcha de la medida de vendimia en verde que contempla en Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) y con un presupuesto mucho más ambicioso que en la convocatoria de 10 millones de euros del pasado año.
De entre el abanico de medidas que recoge el PASVE la organización apuesta por la vendimia en verde. «No tiene sentido hacer la uva, vendimiarla, elaborar el vino y luego gastar el dinero en tener que quemarlo en una destilación de crisis», comentan. Unión de Uniones considera, además, que el dinero de la vendimia en verde llega directamente al bolsillo del viticultor, mientras que el efecto positivo de otras posibles medidas es mucho más indirecto y tampoco está garantizado.
SE PIDE AGILIDAD A LAS CCAA
Las Uniones territoriales de la organización están solicitando también a sus respectivas consejerías que pidan al Ministerio la puesta en marcha de la cosecha en verde y que aceleren los trabajos administrativos. Los cambios introducidos en el Real Decreto 283/2021 obligan a las Comunidades Autónomas a establecer sus criterios de prioridad, así como a decidir las cuantías y modalidades de pago de la ayuda, así que «ahora tienen más trabajo y tienen que hacerlo rápido para que la ventanilla se abra lo antes posible».
Desde Unión de Uniones apoyaron la petición del Ministro de Agricultura de fondos extraordinarios a la Unión Europea para hacer frente a la crisis del sector, «pero si Bruselas no aporta recursos, el Estado español tendrá que hacerlo, tal y como sucede en Francia», añaden.
Unión de Uniones critica, por último, que entre el abanico de los criterios de prioridad para seleccionar a los viticultores que podrían optar a estas ayudas el Ministerio no haya colocado a los agricultores profesionales. De hecho, la Ley 19/1995 de modernización de las explotaciones agrarias establece que las explotaciones prioritarias, cuyos titulares viven fundamentalmente de la actividad agraria, tiene que tener preferencia en la concesión de ayudas y derechos. «El Ministerio no lo ha contemplado, pero vamos a pedir a las CCAA que lo hagan dentro de su margen de competencias», afirman desde la organización.