Agricultores y ganaderos de Chucena, Manzanilla y Escacena del Campo (Huelva), en el entorno de Doñana, se han aliado para encontrar una solución a la denegación del registro de pozos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), años después de haberlos solicitado.
Estos agricultores y ganaderos cuentan con el apoyo de alcaldes y concejales de agricultores de sus municipios, así como de la organización UPA Huelva, con los cuales han mantenido una reunión en la que han sido informados de la reunión mantenida el pasado 23 de marzo 2021 con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para tratar el tema.
Según ha informado UPA en un comunicado, la CHG les informó que el acuífero del que se nutren sus pozos fue declarado por el Consejo de Gobierno del organismo de cuenca en julio de 2020 como «en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo».
Este tipo de declaración conlleva a nivel jurídico la denegación de los expedientes de inscripción de pozos, pero según se recoge en la Ley de Aguas, los plazos para resolver y notificar la resolución en los procedimientos regulados en esta Ley son de 18 meses en lo relativo a este tipo de expedientes y la mayoría de ellos son solicitudes de varios años atrás.
Esta es precisamente la controversia generada entre los pequeños agricultores y ganaderos afectados por sta denegación del registro de pozos, dado que se dan casos de expedientes presentados incluso anteriores a 2018 que ahora han sido denegados bajo el argumento de que el acuífero ha sido declarado en 2020 en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo.
Esto quiere decir que se está aplicando la norma con carácter retroactivo con un período superior a esos 18 meses en los que se deberían haber resuelto los expedientes.
UPA Huelva no puede comprender como la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de Huelva que tiene las competencias de la captación de aguas concede el permiso según sus competencias y da un plazo de 6 meses para ejecutar las obras y sin embargo el uso del agua llega denegado varios años después por la CHG con el dinero de la obra y las inversiones ya gastado.
En la reunión mantenida, los representantes de la CHG argumentaron que se había hecho una consulta a la Abogacía del Estado y que había jurisprudencia a favor de la aplicación de la retroactividad.
No obstante el resultado práctico hasta ahora es que hay afectados al menos 40 familias de agricultores y ganaderos de la zona que han invertido su patrimonio en sus explotaciones y que ahora no pueden regar por la denegación del permiso.