El Ministerio francés de Economíaha denunciado este viernes 19 a la cadena de supermercados Intermarché por presuntos abusos a sus proveedores desde 2016 y pidió al Tribunal de Comercio de París que le imponga una sanción de 150 millones de euros.

Según la investigación, en estos años Intermarché ha utilizado diversos medios de presión como la suspensión de pedidos o la eliminación de marcas para obligar a más de 93 proveedores a firmar unos contratos a cambio de poder continuar accediendo a sus tiendas, detalló el ministerio en un comunicado.

Pero estos contratos prevén también que los proveedores paguen unas «sumas importantes» a Intermarché a cambio de unos servicios de publicidad internacional que en realidad no necesitan porque «se superponen» a las acciones promocionales que ya financian a nivel nacional para los mismos servicios.

«Se trata de un disfraz para un pago» que en realidad no tiene «una contrapartida económica real», señaló el comunicado del ministerio que dirige Bruno Le Maire.

Esta denuncia, que considera que los hechos «violan la ley francesa sobre relaciones comerciales», es la culminación de una investigación realizada por la Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Control de Fraudes (DGCCRF) que empezó a rastrear las actividades del grupo Intermarché en 2018.

Por todo ello, Economía pidió al tribunal que pronuncie una sanción de 150  millones de euros, acorde al nivel de gravedad de las prácticas denunciadas y correspondiente al 1 % de la facturación del grupo en Francia.

Aunque en este caso la irregularidad de la cadena de supermercados Intermarché es sobre todo tipo de productos, no solo agroalimentarios, el sector agrario español lleva años denunciando este tipo de situaciones y que se tomen medidas más drásticas en la Ley de la Cadena Alimentaria. Sin embargo, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) realizó 320 inspecciones de oficio a lo largo de 2020, lo que supuso controlar 734 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria y la imposición, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), de 580 sanciones por 879.000 euros, muy lejos de la sanción de 150 millones que baraja el Gobierno francés.