Un total de 23 provincias de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Andalucía y La Rioja, que constituyen lo que se ha denominado la “España vaciada”, han perdido alrededor de la mitad de su peso demográfico, económico y laboral en los últimos 70 años.

Así se recoge en el informe «La despoblación de la España interior», de Funcas y hecho público este lunes 15, que analiza el fenómeno de la despoblación en España y sus vínculos con factores económicos.

Excluyendo las capitales de provincia y las ciudades de más de 50.000 habitantes, las 23 provincias que formarían la «España despoblada» son Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora (Castilla y León), Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón), Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara (Castilla-La Mancha), Badajoz y Cáceres (Extremadura), Lugo y Ourense (Galicia), Córdoba y Jaén (Andalucía) y La Rioja.

ALBERGABAN EL 34,1% DE LA POBLACIÓN, GENERABAN EL 26,7 % DEL VALOR AÑADIDO BRUTO (Y EL 33,5% DEL EMPLEO TOTAL. AHORA ACOGEN EL 18,1% DE LA POBLACIÓN, PRODUCEN EL 16,1% DEL VAB Y EL 17% DEL EMPLEO

Todas ellas cumplen dos criterios: haber perdido población entre 1950 y 2019 y tener un densidad por debajo de la media nacional.

En 1950 esas provincias albergaban el 34,1% de la población (incluyendo aquí capitales y ciudades de más de 50.000 habitantes), generaban el 26,7 % del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 33,5 % del empleo total. Ahora acogen el 18,1% de la población, producen el 16,1 % del VAB y aportan el 17 % del empleo.

La mecanización de la agricultura, la industrialización y la urbanización provocaron, a partir de los años 50, intensos movimientos migratorios desde las zonas rurales a las grandes ciudades, provocando una situación de pérdida de peso económico y laboral.

La mayor parte de su pérdida poblacional y económica tuvo lugar en los años 50, 60 y 70 y, de forma menor, en los 80. Desde 1991 se detecta una estabilización de la población con un leve aumento en la primera década de este siglo, según el informe.

La tasa de crecimiento medio anual acumulativo del PIB desde 1950 ha sido casi un punto porcentual inferior a la media nacional en Soria, Ávila, Cuenca, Zamora, Palencia, Segovia y Ourense, y más de medio punto inferior en Salamanca, León, Lugo, Badajoz, Huesca, Teruel y Ciudad Real.

El informe señala que la brecha que genera este diferencial de crecimiento anual a lo largo de casi 70 años «es enorme».

Las provincias que han padecido la despoblación con mayor intensidad son también las que tienen mayores tasas de envejecimiento, cerca de 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional (que es del 16 %) en población mayor de 65 años y en población joven, entre 7 y 9 puntos por debajo del 2%, que es el promedio del país.

El informe detecta «diferencias importantes» entre las 23 provincias y las divide en 3 grupos, aunque todas tengan una pérdida de peso económico y laboral. El primero, el núcleo duro de la despoblación, que lo forman Ávila, Cuenca, León, Zamora, Salamanca, Lugo, Ourense, Segovia, Palencia, Soria y Teruel.

EL INFORME RECOMIENDA TENER EN CUENTA LA DIFERENTE NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS DE CADA UNO DE LOS GRUPOS A LA HORA DE DISEÑAR LAS POLÍTICAS DE COHESIÓN TERRITORIAL

Son las que han perdido más población, tienen menos densidad de habitantes por km2, una población más envejecida y una destrucción de empleo muy fuerte.

Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén integran el grupo de las que sufrieron importantes procesos migratorios, pero no han perdido tantos empleos y mantienen una buena base de población joven, aunque del sector industrial tiene escaso peso, presentan bajos niveles de PIB por habitante y muy elevadas tasas de paro.

Por último estarían Guadalajara, Burgos, Huesca, La Rioja, Valladolid y Zaragoza, que tienen una escasa densidad de población y problemas de envejecimiento, pero un PIB per cápita por encima de la media, baja tasa de paro, elevado peso del sector industrial y la presencia de importantes núcleos capitalinos que les ha permitido una creación de empleo positiva.

El informe recomienda tener en cuenta la diferente naturaleza de los problemas de cada uno de los grupos a la hora de diseñar las políticas destinadas a aumentar la cohesión territorial.

El estudio completo se puede ver aquí.