Sobre la base de este elemento, el 30% de los pagos se concedería a los agricultores que presten determinados servicios al medio ambiente.
En los debates celebrados el pasado año en la Eurocámara, se puso de manifiesto que muchos diputados aspiran a introducir cierta flexibilidad en la manera de alcanzar esos objetivos ambientales.
Otro de los elementos que podría sufrir cambios con respecto a la propuesta de la Comisión Europea (CE), es la idea de poner un techo a las ayudas que reciben las grandes explotaciones, que Bruselas pretende limitar a 300.000 euros.
Por otra parte, en las discusiones previas celebradas entre diputados se habló de la idea de que se elabore una lista de entidades no agrícolas, que incluiría por ejemplo a las agencias inmobiliarias dueñas de terrenos, para garantizar su exclusión de las ayudas de la PAC (siempre que no cuenten con explotaciones agrarias).
Precisamente, uno de los objetivos de la reforma es evitar que en el futuro puedan seguir recibiendo subvenciones los propietarios de terrenos donde no se lleven a cabo esas actividades.
En particular, los diputados votarán mañana los dos informes sobre la normativa de pagos directos y de políticas de desarrollo rural, elaborados por el socialista portugués Luis Capoulas Santos y y el informe sobre la organización de mercado de los productos agrícolas, del francés Michel Dantin (PPE).
El jueves se pronunciarán sobre el documento relativo a la gestión y control de la PAC, cuyo ponente es Giovanni La Via (PPE).
Está previsto que el voto del pleno de la Eurocámara sobre la reforma agrícola tenga lugar a mediados de marzo