El excesivo minifundio dificulta una planificación y gestión adecuadas de las masas forestales. Patricia Gómez Agrela, gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), intervino en la jornada celebrada el pasado 3 de noviembre sobre las agrupaciones forestales, dentro del marco del proyecto GO para la productividad del Eucalyptus Globulus en Asturias. Lo hizo en representación del grupo operativo PROMINIFUN, del cual COSE forma parte; una iniciativa que aborda de frente el problema del minifundio y cuyo objetivo es la recuperación, puesta en valor y dinamización de las áreas de minifundio en el medio rural, mediante la agrupación de la gestión. “Queremos concentrar la gestión, no la titularidad”, aclaró la gerente de COSE, que pide para eso una fiscalidad incentivadora.
Más de la mitad del territorio de España es forestal (el 67% de la superficie forestal española está en manos de propietarios privados). COSE trabaja para aglutinarlos, representarles y darle voz.
Pero el problema del minufundio es acuciante. No puede realizarse una gestión forestal sostenible en estas pequeñas parcelas, y manejar esta situación es muy difícil; hay muchos pequeños propietarios con explotaciones menores de 5 ha, que representan el 10% del territorio forestal.
Desde hace años COSE persigue la creación de estructuras estables de gestión. “La gestión del monte genera muchos beneficios a la sociedad -afirmó Patricia Gómez Agrela-. Pero es preciso un tamaño adecuado de la unidad o agrupación forestal, y hacer del monte un sector rentable y económicamente interesante para el propietario. Al agrupar la gestión mediante una planificación y aprovechamiento conjuntos, se abaratan costes y se aumenta la oferta de productos forestales para la industria”.
El minifundio sigue provocando el abandono del territorio. Sin la gestión técnica y económica que los haga rentables ni las estructuras jurídicas adecuadas, en ausencia de capital ajeno y frente a inversiones a largo plazo, con mucho riesgo y sin relevo generacional, la única solución posible pasa por fomentar la agrupación de propietarios para optimizar la gestión, para incrementar la rentabilidad, mejorar las infraestructuras y la representación ante la administración.
¿CUÁL ES LA FIGURA JURÍDICA IDÓNEA PARA CREAR ESTAS AGRUPACIONES? ¿CUÁL ES SU FISCALIDAD?
Hay varios modelos según derecho civil y mercantil; sociedades mercantiles, cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades civiles, etc. La ponente explicó la viabilidad, fortalezas y debilidades de cada una de las figuras.
“El interés en agruparse reside en juntar superficie para hacer viables la gestión y administración de los bienes forestales, que de forma individual es imposible poner en valor. Si nos agrupamos es para mejorar los beneficios mediante la venta conjunta”.
La sociedad civil irregular y la comunidad de bienes (para el caso de los proindivisos) parecen las figuras más interesantes para este tipo de agrupaciones forestales, porque son ágiles en su constitución y tienen menos obligaciones formales.
Desde el punto de vista fiscal, y más si se da una fiscalidad incentivadora, resultan ventajosas siempre y cuando el tipo que grava el beneficio en el IRPF se sitúa por debajo del aplicable en el Impuesto de Sociedades, lo que es el caso en los rendimientos forestales, principalmente gracias a la opción de acogerse al régimen de estimación objetiva o módulos (Régimen Especial de la Agricultura).
Una adecuada política incentivadora de la gestión forestal sería la respuesta adecuada para desarrollar todo el potencial de nuestros bosques y frenar su abandono, que propicia incendios, plagas y otros problemas. En concreto, una bonificación del 30% en la cuota del IRPF o IS de las inversiones en Gestión Forestal Sostenible representaría un ingreso neto para la Administración y se crearían puestos de trabajo ya que hay un retorno de estas deducciones a las arcas públicas porque las inversiones en gestión forestal son intensivas en mano de obra: Se genera un retorno a las arcas públicas a través del IRPF por nuevas contrataciones, cotizaciones a la seguridad social, el IVA que genera la actividad asociada y la disminución de gastos por prestación de desempleo, a lo que se sumaría el ahorro en extinción de incendios, ya que el monte estaría mejor cuidado.
Una fiscalidad incentivadora bien adaptada es, sin duda, la mejor manera para estimular la actividad en el sector forestal. “Este tipo de medidas impulsa la gestión y favorece la permanencia en el territorio”.
(fotos: Archivo)