El acuerdo político de la PAC alcanzado por los países de la UE podrá gustar más o menos, pero no cabe duda que, como en su momento pasó con el greening,va a estar marcado por los ecoesquemas, que no serán obligatorio de aceptar pero que, en caso de no hacerlo, le costará a cada agricultor y ganaderos perder el 20% de lo que está cobrando ahora mismo de la PAC, que podría alcanzar hasta el 30% en función de lo que ha reclamado ahora el Parlamento Europeo. Eso sí, habrá un periodo de dos años para adaptarse a las nuevas exigencias aunque también con ‘trampa’, porque los fondos no utilizados se destinarán a otros fines.

Los eco- esquemas (de los que el Ministerio ya ha planificado ocho modelos)  se configuran como una nueva intervención, incluida en el primer pilar de la PAC (fondo FEAGA), basada en prácticas agrícolas que sean beneficiosas para el clima y el medio ambiente y que han de responder a los tres objetivos específicos medioambientales definidos (art. 6.1.d), e), f)), relativos al cambio climático y la energía sostenible; el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales; y la protección de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la conservación de los hábitats y los paisajes.

Una gran definición, que no gusta a casi nadie del sector. Como señala el secretario general de COAG, Miguel Blanco, la decisión del Consejo Europeo de vincular el 20% de los pagos directos a los ecoesquemas en la futura PAC «puede llevar a recortes muy graves» de las ayudas a los productores. «Puede ser un tajo increíble si -el modelo de ecoesquemas- no es inclusivo por mucho que no sea obligatorio».

Para el responsable de Internacional de ASAJA, Ignacio López, «vincular un 20% de los pagos directos al cumplimiento de ecoesquemas, aunque no será obligatorio para los productores, en la práctica es como si lo fuesen porque, de lo contrario, sufrirían un recorte del 20% en los fondos». Asimismo, destaca que esta fórmula «coloca al agricultor en una peor situación que antes porque les obliga a aplicarlos, aunque sean voluntarios, y sin saber aún cómo ni a qué coste para poder alcanzar el mismo nivel de pago que tenía hasta ahora».

Para Unión de Uniones, critica que el acuerdo permitiría a los gobiernos nacionales un amplio margen de maniobra para decidir sobre su PAC, tanto en el tema de los ecoesquemas como en la definición de la figura del agricultor activo.

Finalmente, a UPA «no le suena mal» el acuerdo, y aunque no entra directamente a valorar los ecoesquemas sí deja claro que se destine «más ayudas a quienes más lo necesitan, a los más sostenibles, que más empleo generen y cuyas prácticas sean más beneficiosas para el medio ambiente y el territorio, porque ese modelo es el de la agricultura y ganadería familiar» que ellos defienden.

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