Endurecer las penas por maltrato animal, con hasta tres años de cárcel es la propuesta que defiende la Dirección General de Derechos Animales ante el reclamo de la sociedad de “un cambio por la sensación de impunidad para los maltratadores”, asegura su responsable, Sergio García Torres. La reforma del Código Penal y del Código Civil son “los ejes fundamentales” de la estrategia del organismo, junto con la aprobación de una Ley Marco Estatal de Protección Animal, según ha explicado García Torres en una entrevista con Efe.

Respecto a los espectáculos taurinos, «muy a nuestro pesar están protegidos como patrimonio cultural, por lo que para iniciar cualquier regulación, la tauromaquia debería dejar de estar blindada, algo que tiene que conseguir la sociedad civil organizada», asegura García Torres.

«LA MUERTE DE UN ANIMAL CON AGRAVANTE SUPONDRA UNA PENA DE, AL MENOS DOS AÑOS Y UN DÍA Y HASTA TRES AÑOS DE CÁRCEL», PARA ASEGURAR QUE EL ACUSADO ENTRE EN PRISIÓN

La propuesta de un anteproyecto de reforma de ley orgánica del Código Penal, que tiene que tramitar el Ministerio de Justicia, «es vital» tras los recientes «casos mediáticos» de muerte animal con ensañamiento en Tenerife y Manacor.

Se trataría de que «la muerte de un animal con agravante suponga una pena de, al menos dos años y un día y hasta tres años de cárcel», para asegurar que el acusado entre en prisión, y «con un máximo de tres años de cárcel», además de incluir una modificación del registro y tenencia de animales, «para poder eliminar la posesión del animal del acusado antes de que acabe el proceso judicial», detalla García Torres.

“El ensañamiento y la crueldad tienen que tener un castigo acorde de prisión”, por lo que interpela a que el trámite se haga “con celeridad”.

Por otra parte, la dirección general propone una reforma del Código Civil para considerar a los animales como «seres dotados de sensibilidad”, ya que, ahora mismo, la norma «solo diferencia entre personas y cosas, por lo que pedimos una tercera diferenciación”, explica su responsable.

La Ley de Protección Animal -en fase de trabajo técnico de grupos-, tiene el objetivo de ser «un marco común», y se centrará en un mecanismo de identificación de animales único y unitario en toda España, «un DNI para animales indispensable para luchar contra el abandono», que afecta cada año en España a entre 100.000 y 200.000 animales de compañía.

Además, recalca el director general de Derechos de los Animales, esta norma es importante para la salud pública, ya que fijará y unificará vacunaciones y necesidades sanitarias en todo el territorio, indispensable teniendo en cuenta que en España “hay aproximadamente diez millones de perros y gatos”.

Hasta el momento, “la administración central no había planteado la necesidad de una norma de este cariz y las autonomías han seguido sus propias normativas”, lo que supone un problema por ser tan distintas.

LA NORMA INCLUIRÁ Y REGULARÁ LA UTILIZACIÓN DE ANIMALES EN FESTEJOS, COMO LAS PELEAS DE GALLOS, QUE SE PROHIBIRÁN EN ANDALUCÍA Y CANARIAS

La derogación de la Ley 50/99 de animales potencialmente peligrosos también estará incluida en la futura Ley. «Tras 21 años ha demostrado no ser preventiva y además discrimina a ciertas razas en base a su morfología», argumenta García Torres.

En este asunto proponen una valoración del comportamiento del animal y facilitar un proceso para que lo mejore, ya que «no hay que condenarlo cuando existen mecanismos científicos que permiten que deje de ser ‘potencialmente peligroso’, concepto que, además, eliminaremos, porque no refleja la realidad», explica.

En cuanto a los animales ferales, la Ley aspira a instaurar un tratamiento y cuidado con criterios unificados a nivel estatal para las colonias felinas asilverstradas, además de establecer un mecanismo de salud pública, que incluya la esterilización.

Además la norma incluirá y regulará la utilización de animales en festejos, como por ejemplo las peleas de gallos, permitidas todavía en dos comunidades autónomas (Andalucía y Canarias), que se prohibirán.

Para «acabar con los criaderos que no cumplen con la protección animal, salud pública ni decencia», trabajan con los «criadores éticos» para regular la cría y aspira a endurecer la normativa de transporte de animales de compañía, «sobre todo de los que tienen una finalidad de venta» y vienen de otros países europeos.