El sector tabaquero español no gana para sustos. Tras la pandemia pidieron ayudas de la PAC por su carácter estratégico y dos meses después lucha porque no se prohíba fumar en la calle. El sector, agrupado en la Mesa del Tabaco, ha manifestado este jueves 13 que a día de hoy «no existen estudios científicos concluyentes» que avalen la prohibición de fumar en la calle, bares y terrazas que ha impuesto el Gobierno de Galicia y Canarias, y que estudian otras CCAA, como medida para evitar el coronavirus.

La Mesa ha reaccionado así, en una declaración remitida a Efeagro, a la medida que aplica desde este jueves Galicia, primera comunidad autónoma que prohíbe fumar cuando no se pueda garantizar la preceptiva distancia de seguridad de dos metros.

«Decisiones de tan alto impacto deben estar basadas en evidencias científicas sólidas y, a día de hoy, no existen estudios concluyentes que avalen este tipo de medidas», de acuerdo con la Mesa.

El sector tabaquero ha subrayado que la legislación española ya recoge la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, en los lugares de trabajo y en ciertas áreas al aire libre de medios de transporte, recreo infantil o accesos hospitalarios, por delante de otros países europeos. «La sociedad española es una sociedad respetuosa y avanzada, en lo relativo a los lugares dónde está prohibido fumar», ha añadido.

LA MAYORÍA DE LAS CCA YA ESTUDIAN PROHIBIR EL FUMAR EN LA CALLE

La mayoría de las comunidades estudian prohibir fumar en la calle y terrazas. Galicia ha sido la primera comunidad que, desde la madrugada de este jueves, ha vetado el tabaco en la vía pública y espacios al aire libre, incluidas las terrazas, si no se cumple con la distancia de dos metros por la concurrencia de personas o las dimensiones del lugar. Una decisión, que ha han reclamado en los últimos meses las sociedades médicas para el control de la pandemia, y que hoy ha acordado también el Ejecutivo de Canarias ante el incremento de casos positivos de coronavirus.

Para el Gobierno de Castilla-La Mancha es «una medida positiva a priori», con lo que según el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, se «está sopesando» porque «puede ser positiva para atajar el virus», si bien considera que esta normativa «debería ser de ámbito nacional».

Por su parte, fuentes de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana han asegurado a Efe que estudia también implantarla, al igual que ha afirmado el Ejecutivo de Cantabria, que analiza si impulsar alguna acción similar a la de Galicia.

En Aragón, una de las comunidades más afectadas por el aumento de casos y brotes, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha reconocido que la decisión de la Xunta «no se descarta» en la región: «La estamos valorando como todas las medidas de otras comunidades autónomas», ha aclarado.

El País Vasco, que está analizando la posibilidad de restablecer el estado de emergencia sanitaria, ya decretado al pasado mes de marzo, está de acuerdo con la prohibición de fumar si no hay distancia, una medida que ya la planteó como posibilidad.

La consellera de Salud de Baleares, Patricia Gómez, también es partidaria y ha puesto la medida como ejemplo de «buenas prácticas» que las comunidades y la administración central deben compartir para mejorar la salud pública.

Asturias la valora «con prudencia» en función de cómo evolucione la pandemia y desde la perspectiva jurídica para definir «hasta qué punto» se podría tomar esa decisión desde el ámbito competencial, según la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez.

El Gobierno andaluz lo está analizando, por eso ha encargado un estudio a los miembros del Plan Andaluz Antitabaco para determinar si hay evidencias científicas de que la prohibición de fumar en la calle sería positiva para evitar la propagación de la covid-19 y, en función de ese informe, estudiará si la implementa o no, tal y como ha afirmado el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

Y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha anunciado que va a dar instrucciones para que las fuerzas de seguridad sean «lo más estrictas posible» en el cumplimiento de las normas dictadas que afectan a las terrazas y que implican que si no hay distancia social únicamente se puede retirar la mascarilla para beber o comer, no para fumar.