Poco a poco nuestra sociedad da los primeros pasos hacia la «nueva normalidad» tras «parecer estar controlada» la pandemia provocada por el COVID-19. Un escenario nunca antes conocido en el que muchos sectores tendrán que reestructurarse y reenfocarse para adaptarse al nuevo paradigma económico y productivo que se nos avecina.
Que el gremio agrícola y ganadero ha demostrado su vital importancia como sector esencial, estratégico y primario en momentos agudos de crisis, es evidente. Pero no solo eso. Al hecho de seguir disponiendo de frutas, hortalizas, carne … frescos y de calidad sin ningún tipo de desabastecimiento en los mercados durante esta pandemia, hay que añadir el carácter comprometido y heroico de nuestros agricultores, que no solo intensificaron sus jornadas laborales, asumiendo el riesgo sanitario que corrían, sino que también prestaron sus servicios y maquinaria para desinfectar las calles de pueblos y ciudades de forma totalmente altruista.
Por ello, hemos visto numerosas muestras de agradecimiento de la población, de los medios de comunicación, de personalidades públicas, políticas, incluso de la propia Casa Real.
Me consta que los profesionales del campo agradecen estos aplausos públicos y, más aún, cuando venimos de campañas desastrosas donde los precios en origen han provocado una «catarsis agrícola» sin precedentes que nos hizo echarnos a la calle desde principios de año.
Pero, también me consta que el sector ya no quiere «más palmaditas» en la espalda. Quiere hechos y soluciones. Quiere poder vivir dignamente de su trabajo. Quiere que la venta a pérdidas termine de una vez por todas. Quiere que la Ley de la Cadena Alimentaria no sea otra normativa más «de escaparate», sino un mecanismo real, eficaz y de obligado cumplimiento, algo que anunciamos y denunciamos, NO ESTÁ OCURRIENDO.
De nuevo, durante esta crisis hemos visto cómo los precios de las legumbres y hortalizas (+10,4% entre marzo y abril) se han incrementado en el súper, según el INE, pero no en el campo. Y es que, a excepción de los cítricos, las campañas de hortalizas o fruta de hueso están siendo ruinosas. En la Vega Baja hay cientos de campos de patatas y cebollas que se están labrando porque el producto no tiene precio, mientras, en los lineales de los supermercados encontramos patatas de Egipto y Marruecos. Las alcachofas han terminado vendiéndose también por debajo de los costes. Las habas se dejaron perder en los bancales con el cierre de los mercadillos. Otros cultivos como el vino y el aceite se están viendo sumidos en una crisis estructural sin precedentes… Todo esto por no hablar a los ganaderos, que han sufrido pérdidas incalculables, ya que los animales han seguido produciendo al mismo ritmo. Lógicamente, son seres vivos y no tienen un interruptor que los pueda apagar, como muchos políticos se han pensado.
Como vemos, los problemas que nos llevaron a las manifestaciones que aparcamos con la llegada del Coronavirus no han desaparecido. Es más, se han sumado nuevas piedras en el camino. En la agricultura post Covid a la que nos enfrentamos, vemos como a la problemática de los bajos precios en origen, hay que añadir el recorte de la Política Agraria Común (PAC), la pérdida de mercados por el Covid-19, el aumento de los costes de producción con el incremento de las medidas de protección y distanciamiento de los trabajadores, las constantes amenazas de nuestro Gobierno al trasvase Tajo-Segura, que ahora se enfrenta a una nueva puñalada por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que tiene intención de revisar las reglas de explotación del acueducto con la finalidad de recortar los trasvases mensuales… Y, como guinda del pastel, la nueva estrategia alimentaria que está impulsando la Comisión Europea, conocida como «De la granja a la mesa», cuyo objetivo es sentar las premisas hacia un modelo de producción y consumo de alimentos, según ellos, «más sostenible», que implica la eliminación del 50% de las materias activas fitosanitarias. Iniciativa que desde ASAJA consideramos «como un sueño hipócrita» y en la práctica irrealizable sin una inversión real (que no la hay), con la que Europa cede a las presiones del lobby ecologista, y que lo único que conseguirá es menoscabar aún más nuestro modelo productivo y poner en peligro la independencia alimentaria europea, conduciéndonos más bien a la situación de «de la granja de terceros países a nuestra mesa».
Somos un bien público esencial, así lo hemos demostrado en esta crisis y así nos gustaría que se nos tratase. De lo contrario, y viendo lo corta que es la memoria, especialmente en política, el sector se está volviendo a reorganizar para retomar las reivindicaciones en el mismo punto en el que las dejamos. No vamos a parar de exigir un precio digno por nuestros productos y nuestro trabajo, y dejar de ser la diana a la que se dirigen todos los dardos, los del gobierno español y los de la Unión Europea, donde el mercadeo con los agricultores y ganaderos mediterráneos ya es una práctica habitual para conseguir «una imagen ecológicamente ejemplar de cara al mundo» y la ejecución de estrategias económicas con las que se lucran a costa de nuestro esfuerzo, dinero y trabajo.