El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que España pedirá a la Comisión Europea (CE) una reprogramación de los programas de desarrollo rural por las consecuencias derivadas del estado de alarma generado por la propagación del coronavirus y así lograr una mayor flexibilización en los plazos para evitar que la situación actual derive en incumplimiento y la pérdida consiguiente de fondos.
Así lo ha transmitido Planas este jueves en una reunión por videoconferencia que ha mantenido con los consejeros de Agricultura de las CCAA en la que ha añadido que la intención es pedir a la Comisión más flexibilidad en el cumplimiento de esos PDR tras la situación de crisis, según ha apuntado en un comunicado.
Ha anunciado la celebración de una Conferencia Sectorial en abril para abordar este asunto.
en el sector del vino y los operativos de frutas y hortalizas, se solicita que los pagos realizados después del 15 de octubre no se consideren fuera de plazo
Además, el Gobierno solicitará a la CE una mayor flexibilidad también en los plazos de algunos fondos comunitarios para evitar que el estado de alarma derive en incumplimiento y la pérdida de los mismos.
Fuentes del Ministerio han concretado que va dirigida, por ejemplo, a una mayor flexibilización en los pagos de programas específicos como el del apoyo en el sector del vino y los operativos de frutas y hortalizas, donde España va a solicitar que los pagos realizados después del 15 de octubre no se consideren fuera de plazo y se puedan pagar en el ejercicio siguiente sin pérdida de fondos, cuando ese retraso se deba a la aplicación del estado de alarma. También demandará a la CE la necesidad de que sea flexible, ya que será necesario hacer una reprogramación en los programas de desarrollo rural.
Esa demanda va más allá de la prórroga hasta el 15 de junio del plazo de solicitud de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) aprobado ya por la CE.
Respecto a las dudas planteadas por la mayoría de las autonomías sobre el transporte de trabajadores (limitado a un ocupante por vehículo), el ministro ha explicado que está en contacto con los titulares de Sanidad, Interior y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para buscar una solución y na mayor flexibilización de las normas, si bien ha incidido en que las limitaciones tienen por objeto la defensa de la salud pública.
Planas ha subrayado la presencia y actividad del sector en esta crisis, que “está siendo fundamental”.
Durante el encuentro, el ministro ha valorado la respuesta del sector agroalimentario y el «buen funcionamiento» y la colaboración «activa de todos» los eslabones de la cadena para asegurar el abastecimiento. Planas ha subrayado la presencia y actividad del sector en esta crisis, que “está siendo fundamental”.
Ha recalcado que la agroalimentación es «uno de los tres pilares básicos del funcionamiento de España” y ha animado a la sociedad civil a apoyar a la cadena alimentaria -«al igual que ya realiza con el reconocimiento diario a los sanitarios»-.
El ministro ha asegurado a las autonomías que el comercio minorista asociado a la actividad agropesquera, y que suministra de insumos al sector (semillas, fertilizantes o hielo), continuará prestando su labor para proveer de la materia prima necesaria e imprescindible para su correcto desarrollo.
Ha recordado que el miércoles publicó una nota informativa para aclarar al sector que «no debe existir ningún problema”.
Para Planas, algunos sectores agropesqueros están pasando por dificultades ante un descenso de la demanda, provocado fundamentalmente por el cierre de la restauración, y por eso el Gobierno está realizando un seguimiento diario de la situación.
En el encuentro, se ha constatado la “unidad y cooperación en la búsqueda de soluciones» para el sector, de acuerdo al Ministerio.
Según Planas, se trata de «una emergencia nacional, de salud pública”, pero “vamos a salir de esta situación remando todos en la misma dirección” y para ello habrá la máxima flexibilización de las normas dentro del actual estado de alarma.
Finalmente, ha reiterado que el suministro alimentario a la ciudadanía es una de las prioridades del Gobierno y está garantizado.