El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y el Gobierno murciano recurrirán el último envío de agua del mes de enero y presentarán alegaciones al aumento de caudales ecológicos contemplados en el Esquema de Temas Importantes (ETI) de la Cuenca del Tajo, al considerar que supondría el «cierre» del Trasvase Tajo-Segura.
En declaraciones a los medios, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, ha detallado que han contratado un despacho de abogados especializado en temas de agua para perfilar una «armadura de defensa» ante los «envites» que afrontará el sindicato en los próximos meses, en referencia a los trasvases mensuales y al Plan de Cuenca del Tajo.
Por su parte, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha indicado tras la reunión mantenida con los regantes que el Consejo de Gobierno del próximo jueves tiene previsto autorizar la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el último envío del trasvase decidido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del pasado mes de enero, al considerar que no envió todos los caudales para regadío que le correspondía en virtud de la Ley del Memorandum.
En la orden ministerial de la pasada semana, se decidió el envío de 16,2 hectómetros cúbicos (7,5 se destinarán al abastecimiento urbano y otros 8,7 hectómetros cúbicos irán al regadío), mientras que la Comisión Central de Explotación del de Acueducto Tajo-Segura había propuesto casi 4 hectómetros cúbicos más para la agricultura.
Los embalses de cabecera del Tajo siguen en situación hidrológica excepcional o nivel 3, que se inició en mayo de 2019, y el ministerio prevé que este sistema permanezca en la misma situación durante el mes de febrero y que pase a situación de normalidad hidrológica (nivel 2) a principios del mes de marzo.
En este escenario, y tras los dos trasvases cero para regadío de noviembre y diciembre, Luengo ha advertido sobre las «muchas amenazas» existentes sobre el trasvase, entre ellas el ETI del próximo ciclo hidrológico del Tajo, anunciando que su departamento preparará alegaciones contra el incremento de caudales ecológicos previsto en este documento.
El consejero murciano se ha sumado al documento presentado el pasado verano por el Scrats, en el que consideraba que los actuales caudales ecológicos del plan de cuenca del Tajo permitían que hubiera agua de «suficiente calidad» para los ecosistemas fluviales.
Además, ha justificado el recurso contra el último envío del trasvase del mes de enero porque su departamento «no va a permitir» que se utilice la situación del Mar Menor como «moneda de cambio» para no enviar «el agua que nos pertenece».
Scrats ha abogado por esperar a la decisión del trasvase de febrero, cuyos caudales finales serán decididos mediante una orden ministerial
Por su parte, el presidente del Scrats ha declarado que, tras preparar una «defensa» técnica con el informe que defiende el mantenimiento de los caudales ecológicos en el río Tajo, han cerrado un acuerdo con un bufete jurídico especializado en legislación sobre aguas para afrontar los «envites» contra esta infraestructura que, según ha advertido, se producirán en los próximos meses.
El objetivo, ha anunciado, es rebajar la previsión del ETI sobre aumento de caudales ecológicos, de forma que se compatibilice el «buen estado» del río con la continuidad de los trasvases hacia el Levante y, por tanto, el mantenimiento de la actividad económica vinculada a la agricultura en las provincias de Alicante, Murcia y Almería.
Jiménez ha advertido sobre la «deriva muy preocupante» que ha adoptado en los últimos meses los dirigentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en alusión a las sucesivas decisiones sobre los envíos para regadío y las razones que justificaban no trasvasar o no enviar el agua recomendada por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.
Al respecto, ha afirmado que la orden ministerial que justificaba estas decisiones es «de patio de vecinos» porque no establece un nexo entre la situación del Mar Menor y rechazar el trasvase de caudales para la agricultura, aunque sí permite unir la causa y el efecto en una lectura «subjetiva» del texto.
Aún así, el presidente del Scrats ha abogado por esperar a la decisión del trasvase de febrero, cuyos caudales finales serán decididos mediante una orden ministerial, para determinar si los regantes estudian organizar movilizaciones.
Finalmente, el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, ha enmarcado la actitud de los responsables ministeriales en la «escalada generalizada contra la agricultura» existente en España.