Su negocio solo disponía del seguro obligatorio para la retirada de cadáveres de animales, una situación en la que se encuentran el 96 por ciento de los ganaderos afectados.
Las infraestructuras de su granja fueron barridas por el agua y desde que ocurrió la catástrofe él su mujer y sus dos hijos viven realojados en casa de sus suegros.
"La casa hay que tirarla, el suelo se ha hundido 40 centímetros en algunos tramos, tenemos grietas del grosor de un dedo y han comenzado a ceder los marcos de las puertas", se ha lamentado el ganadero, que ha opinado que su vivienda tendrá que ser derribada.
Según ha explicado, "en el caso de que pueda tener derecho a la ayuda del real decreto del Gobierno central, la cantidad máxima por destrucción de la vivienda es de 15.000 euros, y solo retirar los escombros" le costará más dinero.
Antonio Reinaldos, otro de los damnificados de Campillo, vive con su familia en casa de una tía abuela desde que ocurrió la riada, que anegó su casa, después de el agua alcanzara una altura de 160 centímetros.
En la granja contigua tenía 719 ovejas y 350 corderos de los que solo sobrevivieron nueve ejemplares, ha expuesto hoy durante una rueda de prensa organizada por la organización agraria COAG en la que ha considerado que el real decreto se olvida de la importancia de Lorca como zona de producción intensiva agrícola y ganadera.
Como en el caso de José Antonio, su granja solo tenía seguro de retirada de cadáveres y uno de responsabilidad civil, lo que no le permitirá optar a la línea de ayudas para reparar lo dañado.
Según COAG, los daños causados por las riadas en el sector primario de Lorca ascienden a unos 100 millones de euros, y solo un cuatro por ciento de los damnificados se podrá beneficiar de alguna de las líneas de ayuda contempladas por el real decreto