La Asociación de Afectados por la No legalización de Pozos de Explotaciones Prioritarias y Agricultores a Título Principal (ATP) ha celebrado este jueves 12 en Tomelloso (Ciudad Real) su Asamblea General, a la que han asistido más de 120 agricultores de localidades de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete, así como representantes de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II.

Durante este acto, el presidente de la asociación, Miguel Fernández, ha informado de las últimas gestiones realizadas y sobre la situación en el que se encuentra el proceso, detallando que aún quedan pendientes de regularización unos 1.600 expedientes de explotaciones ubicadas en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca, anteriormente en el ámbito del Acuífero 23 y ahora de las masas de agua subterráneas Mancha Occidental I, II, Rus Valdelobos y algunos de Sierra de Altomira.

Fernández ha lamentado que tras doce años de espera la solución no ha llegado, por lo que hace casi un año se creó esta asociación, y debido a la «discriminación que hemos sufrido en nuestras carnes respecto a otros propietarios de pozos, que no son Agricultores a Título Principal como nosotros y que, a pesar de estar en nuestra misma situación, sí vieron como sus pozos se regularizaron».

Fue el caso de 4.500 expedientes que solicitaron la legalización como cultivos leñosos, vía para la que no era necesario ser ATP. Fernández ha explicado que los 1.600 restantes tramitaron la regularización como Agricultores a Título Principal, siguiendo las recomendaciones del Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana (posteriormente derogado), ya que «nos dijeron que de esa manera tendríamos más agua y prioridad a la hora de legalizar nuestros pozos». Lo que ocurrió fue, ha lamentado, todo lo contrario «a ellos les regularizaron y nuestros expedientes fueron aparcados».

Sanciones y pozos cerrados y precintados

La explicación que se les dio en su día, ha apuntado, es que se compraron derechos de 14 hectómetros cúbicos de agua para solucionar la situación de los 6.000 expedientes iniciales, pero con esa cantidad sólo se pudieron regularizar en torno a 4.500 de cultivos leñosos, quedando fuera las solicitudes de Agricultores a Título Principal, con la idea de que hubiera una segunda compra de derechos para completar el proceso, pero «se derogó el Consorcio, que es el que estaba tramitando el proceso y se  paralizó».

El presidente ha indicado en Tomelloso que estos agricultores afectados por la no regularización se encuentran en situación de «ilegalidad por el mero hecho de ser agricultores y vivir de nuestros cultivos». Ahora están luchando contra esa «discriminación porque no es justo que sigamos sin contestación después de doce años».

Ha añadido que «los agricultores afectados somos los primeros que queremos que nos pongan el contador y que nos regularicen la situación».

Miguel Fernández ha explicado que en una reunión mantenida recientemente con el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, y el director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, José Manuel Martín, se les trasladó que para el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha «es una prioridad solucionar este tema, mediante la Tubería Manchega, cuando se ponga en marcha».

Mientras tanto, hay algunos agricultores afectados que han sido objeto de sanciones o tienen sus pozos cerrados y precintados, porque la Confederación Hidrográfica del Guadiana «se mantiene firme en que tiene que aplicar la ley en caso de detectar algún uso irregular, porque estamos en situación ilegal o alegal».

Los agricultores afectados, que esperan soluciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Ministerio para la Transición Ecológica, aseguran que van a continuar la lucha hasta conseguir la regularización de sus pozos.