Todo ello, por medio de la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial.
En su conjunto, es el mismo texto que el decreto ley aprobado el pasado mayo en Consejo de Ministros, y en el que entre otras cuestiones, se permite a los comerciantes hacer rebajas durante todo el año, eleva de 8 a 10 los festivos que podrán abrir y obliga a varias ciudades a liberalizar horarios en zonas turísticas.
Además, se incrementa de 72 a 90 el número de horas a la semana que se puede abrir en días laborables y se liberalizan los horarios para todos los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, frente al límite de 150 metros fijado en algunas autonomías.
La diputada socialista María del Puerto Gallego ha demandado la supresión de la liberalización de horarios porque "va contra el pequeño y mediano comercio" y ha considerado "inadmisible" que se haya querido "colar" el apoyo a las medidas de amnistía fiscal dentro del texto.
Su compañero de grupo, Félix Lavilla ha demandado, además, una alternativa a este proyecto debido a que "no da respuesta a los problemas del comercio".
Por su parte, Inmaculada Riera (CiU) ha mostrado su preocupación debido a "la invasión competencial" de parte del articulado y ha señalado que el modelo que se define no es el que defiende su partido en Cataluña, en especial, en cuanto a la ampliación del horario y la apertura de más domingos y festivos.
Alvaro Anchuelo de UPyD, ha incidido en el "exceso de regulación" que hay en este sector y aunque ha considerado el texto "un atajo" ante tantas leyes, no se solventa este problema, además de ser "un error y una inmoralidad la amnistía fiscal" que se incluye.
Por la Izquierda Plural, Alberto Garzón ha indicado que el proyecto "se queda siempre corto si se quiere recuperar la actividad económica del sector", mientras que María Olaia Fernández Dávila (BNG), por el Grupo Mixto, ha incidido que se invaden competencias de las comunidades autónomas.
La portavoz del PP María Belén Juste Picón ha resaltado algunos de los beneficios que a su juicio incluye esta regulación, en especial "fomentar y consolidar" la iniciativa emprendedora así como "simplificar" muchas de las trabas administrativas existentes.
Por último, ha defendido la amnistía fiscal, cuestión que ha recordado en su día aprobó el PSOE, y la libertad de horarios para dar más opciones a los comercios.